Staff Correo

Estado.- La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) definió los lineamientos que regirán la actuación de la Policía estatal al momento de intervenir en manifestaciones y protestas en la vía pública, con la finalidad de evitar el uso excesivo de la fuerza o que se violen los derechos humanos de los participantes, así como activistas o periodistas.

El Protocolo de Actuación de los Elementos Operativos de la Comisaría General de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato en manifestaciones públicas, reuniones pacíficas o protestas sociales, entró en vigor el pasado 3 de marzo tras publicarse en el Periódico Oficial del Estado de Guanajuato.

En poco más de 20 páginas, se dan a conocer los términos aplicables para este tipo de situaciones, y donde se pide mantener la integridad de las personas participantes desde cualquiera que sea su participación en los movimientos sociales.

“No podrán usar armas letales como se determina en el apartado de equipo necesario en la dispersión de manifestaciones públicas” o “El mando designado adoptará todas las medidas razonables para comunicarse de manera eficaz con las personas organizadoras de las reuniones y los participantes, en relación con las medidas de seguridad”, son algunos de los apartados estipulados.

En el documento se estima la protección por el derecho humano libre para manifestarse y de protesta social, y el uso de la fuerza a través de la presencia, la persuasión, así como las formas de control.

“El uso de la fuerza se aplicará en el marco de legalidad y respeto a los derechos humanos, adoptando medidas diferenciadas con perspectiva de género (…) las manifestaciones, protestas sociales o reuniones pacíficas, obligan a las autoridades a no entorpecer, reprimir o inhibir las mismas, y a proteger ese derecho frente a las agresiones de terceros”, se advierte, a la par de hacer hincapié en la manera en que se efectuarán las detenciones.

La publicación también ahonda en la protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas.

Algunos puntos considerar…

  •  El personal operativo adscrito a la Comisaría General de las FSPE, no podrá usar armas letales como se determina en el apartado de equipo necesario en la dispersión de manifestaciones públicas. Queda estrictamente prohibido el uso indebido de cualquier objeto, sea o no parte del equipo.
  •  En caso de ser necesario, los policías podrán utilizar los equipos móviles o sistemas autorizados y/o proporcionados por la SSPE para el tratamiento de datos personales, para grabar o fotografiar como evidencia de primer respondiente a las personas participantes de las manifestación pública, reunión pacífica o protesta social.
  •  Solo se procederá a la detención en el supuesto que las personas cometan en flagrancia conductas claras y objetivas que constituyan infracciones de carácter administrativo o de orden penal, asegurando la integridad y principio de debida diligencia durante el proceso de detención o los actos de molestia.
  •  Se garantizará que las personas defensoras de los derechos humanos y periodistas no sean violentadas en ninguno de sus derechos, con motivo del desempeño de su labor o trabajo. Bajo ninguna circunstancia pueden ser despojados de su material y herramientas de trabajo. De igual manera está prohibida la destrucción, alteración o desaparición deliberada de notas o material fotográfico, de grabación sonora o audiovisual.
  •  Las FSPE procurarán la protección del ejercicio del derecho al libre tránsito sin afectar el derecho a la libre manifestación, reunión pacífica o protesta social, para lo cual, se llevará a cabo el reordenamiento de vialidades y se establecerán rutas alternas de tránsito peatonal y de vehículos en el espacio público. 

Los antecedentes

En los últimos años se han presentado diversas manifestaciones en municipios de Guanajuato, en las que han tenido que intervenir las FSPE para dispersar a los participantes, o incluso detenerlos.

Tal fue el caso ocurrido en Cuerámaro en noviembre de 2019, luego de que un menor de edad atropelló a cuatro jóvenes, causándoles la muerte. Al día siguiente, alrededor de 500 personas participaron en una marcha para exigir justicia, de las cuales 23 fueron arrestadas, e incluso las encarcelaron acusadas del delito de terrorismo.

Otra manifestación importante se dio en julio de 2020, cuando las FSPE detuvieron a cinco personas que protestaban en la Glorieta de la Fe, en la capital, con la intención de establecer un diálogo con el gobernador, por la situación de sus familiares desaparecidos y el entonces nombramiento de Héctor Alonso Díaz como comisionado estatal de búsqueda.

Las FSPE también han tenido que utilizar la fuerza pública para dispersar y detener a quienes han bloqueado algunos tramos carreteros en la región Laja-Bajío, en reclamo por operativos en las zonas donde operan grupos criminales.

LC