La Sombra del FOBAPROA

El conocido Fondo Bancario de Protección al Ahorro, mejor conocido como FOBAPROA, fue el fondo contingente para enfrentar problemas extraordinarios que aquejaran al sistema bancario y que al mismo tiempo fungía como seguro de los depósitos de los ahorradores, creado hace ya 30 años.

No fue el primer fondo de su tipo en el país, pues le antecedieron el Fondo de Protección de Créditos a Cargo de Instituciones Bancarias creado en 1981 antes de la expropiación de la banca por parte del gobierno y el FONAPRE constituido en 1986 ya durante la etapa de la banca estatizada.

La creación del FOBAPROA fue parte del andamiaje para llevar a cabo la reprivatización de los bancos, pues durante la etapa de la banca estatal el aval del gobierno era implícito a estas instituciones.  Creado en 1990, tenía como fin dar seguridad a los depositantes y promover la inversión, buscaba emular al Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) que opera en EE.UU. creado a consecuencia de la Gran Depresión de 1929.

A diferencia del actual Instituto Para la Protección de Ahorro Bancario (IPAB), el FOBAPROA no tenía personalidad jurídica ni patrimonio propio, ya que no era una entidad de la administración pública federal, sino un fideicomiso administrado por el Banco de México cuyo patrimonio aumentaba con las aportaciones hechas por los bancos.

Al suscitarse la crisis de diciembre de 1994, y desencadenarse la crisis financiera más aguda, el FOBAPROA se vio superado ampliamente. Ante tal escenario, el gobierno optó por medidas como el Programa de Capitalización y Compra de Cartera a través del FOBAPROA, para preservar el sistema bancario y evitar la insolvencia del sistema. Finalmente, durante 1998 se legislo para reconocer como deuda pública el rescate.

Entre la exposición de motivos y justificación de la iniciativa de la ley de 1998, era que la deuda pública que se asumiría se podría pagar a más tardar en 2025.  Lo que evidentemente no será posible cumplir al revisar el saldo más reciente de la deuda.

 Al finalizar 1999, deuda neta a cargo del IPAB como porcentaje del PIB, era el 11.29% y ascendía a 687,844 millones de pesos. En contraste, después de 20 años, el IPAB reportó pasivos netos a su cargo que representan el 3.93% del PIB, ascendiendo a 924,032 millones de pesos y el costo financiero de esta deuda durante los primeros 9 meses del año ascendió a 50,695 millones de pesos.

Esto significa que la Deuda del IPAB representa el 7.6% del total de la deuda a cargo del sector público (SHRFSP) y el 10.4% del costo financiero total. Aunque nominalmente ha incrementado el monto, en términos reales (descontando la inflación) ha disminuido en 26.67%, en parte gracias a una menor tasa de interés a la que se han realizado operaciones de refinanciamiento, aprovechando el grado de inversión de nuestro país, y por otro lado la acumulación de cuotas recibidas por la banca múltiple.

Actualmente vivimos un auto-rescate que los bancos han emprendido a través de suspensiones de pago de dividendos, inyecciones de capital y el lanzamiento de programas de apoyo, que hasta ahora arroja resultados alentadores, pero no definitivos aún y con la posibilidad de provocar una contracción en el crédito.

En conclusión, a pesar de todos los excesos y abusos en el rescate del FOBAPROA, a la distancia parece que fue una medida costosa pero efectiva, se logro reactivar la economía e incluso se obtuvo el grado de inversión a los pocos años de la crisis. En contraste, bajo la presente administración, el gobierno solo ha destinado recursos para apoyos a micro y pequeñas empresas por poco más del 1% del PIB y en el horizonte de mediano plazo ronda el fantasma de perder el grado de inversión, ¿la austeridad no saldrá más cara?