Lourdes Vázquez

Guanajuato.- En el 2019, solamente los actos de corrupción derivados de trámites en todo México, implicaron un desembolso promedio de 3 mil 800 pesos por ciudadano, lo que significa un costo anual de casi 12 mil 800 millones de pesos, es decir, 19.8 veces el presupuesto que ejerce el municipio de Guanajuato en este año. 

Así lo refirió el secretario técnico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, Ricardo Salgado Perrilliat, durante el foro denominado ‘El ABC de los Sistemas Anticorrupción’, convocado por la Secretaría Ejecutiva y el Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA).

En su ponencia, Salgado Perrilliat señaló que en ese mismo año y de acuerdo con el INEGI, el 81% de los guanajuatenses consideran que la corrupción es frecuente o muy frecuente en su entidad; mientras que a nivel nacional 5.8 millones de mexicanos declararon haber experimentado un acto de corrupción.

Asimismo, expuso el marco jurídico y las perspectivas del Sistema Nacional Anticorrupción, mientras que la presidenta del CPC, Hilda Marisa Venegas Barbosa, y Erick Gerardo Ramírez Serafín, secretario Técnico de la Secretaría Ejecutiva del SEA, presentaron el marco general del Sistema Estatal Anticorrupción.

Nuevo modelo de designación del contralor

El objetivo del foro ‘El ABC de los Sistemas Anticorrupción’ fue presentar dicha perspectiva, así como conocer la experiencia del municipio de Guanajuato, en la instrumentación del nuevo modelo de selección del contralor municipal. Lo anterior, tras una reforma a la Ley Orgánica Municipal expedida el pasado 1 de julio del 2019, a través de la que establece que será un Comité Municipal Ciudadano quien designe al titular del Órgano Interno de Control derivado de una terna.

La integrante del Comité Municipal Ciudadano de Guanajuato, Alicia Jasso, y la regidora del ayuntamiento de San Diego de la Unión, Saray Segura Gutiérrez, manifestaron las dificultades en la implementación de dicha reforma.

 “No se puede avanzar en los procesos si no se tienen las adecuaciones a la norma, no todos los municipios somos el Corredor Industrial, que en los municipios debe tenerse mucho criterio para la integración de los Comités, no en todos tenemos profesionistas con logros académicos (…) y que tengamos la sensibilidad de elegir a los ciudadanos que quieran participar, (porque) es un cargo honorifico, son cuatro años y solo se cuenta con la voluntad política de la administración”, señaló Jasso.

Contralores apartidistas

En su intervención, Katia Morales Prado, integrante del CPC del SEA manifestó que la reforma la Ley Orgánica es una muestra del gobierno abierto y de la participación activa de la ciudadanía para elegir al titular del Órgano Interno de Control.

Morales Prado señaló que en este nuevo mecanismo, queda en la conciencia de los ciudadanos elegir al mejor perfil y sobre todo se requiere desvincular a los contralores de las capturas partidistas.

“No es un delito ser afín a un partido, es un delito estar capturados por un partido y que sus actuaciones sean influidas por ello”.

No obstante dijo que antes, se debe vigilar que los Comités Ciudadanos Municipales estén correctamente integrados por personas que de verdad tienen el deseo de participar, que les interese lo que pasa en su municipio y que a su vez sean libres de captura.

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