La lucha por el mercado eléctrico bajo condiciones de competencia y sin monopolios ya comenzó al publicarse la contrarreforma a la Ley de la Industria Eléctrica en el Diario Oficial de la Federación. Se anunció que vendrá una lluvia de amparos, con la idea de que en el futuro próximo la Suprema Corte de Justicia de la Nación declare su inconstitucionalidad. Por ahora, un juez ha decretado la suspensión provisional de la aplicación de la norma.

El juez de distrito segundo en materia administrativa especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, Juan Pablo Gómez Fierro, admitió la demanda de amparo relativa al juicio 18/2021 hasta el expediente acumulado 120/2021, recursos promovidos por el sector privado. Conocedor del tema, pues también ya había suspendido el acuerdo emergente del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), a la Política Pública de Confiabilidad del sistema eléctrico de la Secretaría de Energía, y del Acuerdo para modificar los plazos de los permisos de importación de combustibles, determinó no solo atender el caso, sino hacer que la suspensión sea de aplicación general para toda la industria.

El conflicto legal en México escalará sin duda y será en este terreno donde el gobierno de la llamada Cuarta Transformación que promueve el desplazamiento de las empresas privadas del mercado eléctrico a cambio de la supremacía de la paraestatal Comisión Federal de Electricidad (CFE) trate de usar todos sus medios de presión para imponer su perspectiva legal.

Ya desde Palacio Nacional se lanzó un obús hace días cuando irresponsablemente se dijo que los abogados de las empresas son traidores a la patria por cumplir con su profesión dentro de lo que les permite la ley. Ahora veremos si también se endosa semejante calificativo a los jueces que simplemente apliquen el control constitucional a una ley que arremete contra la competencia energética que precisa la Carta Magna, pero sobre todo que protege el medio ambiente colocando por delante el uso de las energías limpias y no sucias, precisamente lo que quiere hacer el Gobierno de México.

En Guanajuato también se da otro tipo de lucha contra este deseo presidencial de imponer el uso de combustibles fósiles en la CFE. La termoeléctrica de Salamanca dejó hace semanas el empleo de gas natural para generar electricidad, a cambio de un combustóleo que contamina severamente, por ser más barato. Se registra alta contaminación y se daña la salud de la población de la salmantina, pero también de sus vecinos, como Irapuato. María Isabel Ortiz Mantilla, secretaria de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial estatal está demandando la información a la paraestatal sobre sus procedimientos y que se regrese al uso de gas natural en la termoeléctrica.

En todos los frentes es la lucha del Siglo XXI contra el Siglo XX. No es un asunto de soberanía, es un asunto de salud pública y cuidado del planeta.