Roberto López

San Miguel de Allende.- El Congreso del Estado archivó el exhorto que presentó el diputado morenista Ernesto Prieto Gallardo dirigido al presidente municipal de San Miguel de Allende, Luis Alberto Villarreal García, en el que solicitaba que se atendiera el problema del agua en Nuevo Pantoja.

Archivar el exhorto fue porque el alcalde demostró que el municipio sí ha atendido a este polo de población.

“Me permito poner a la consideración de la asamblea la siguiente propuesta de punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, a efecto de que se gire atento exhorto al Presidente Municipal de San Miguel de Allende el C. Luis Alberto Villareal García a fin de que, realice las acciones de coordinación y supervisión necesarias del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de San Miguel Allende (SAPASMA), para atender y regular de manera urgente el suministro y las tarifas del agua en el Ejido de Nuevo Pantoja y demás comunidades colindantes del municipio de San Miguel de Allende”, planteó el diputado.

El exhorto se subió a tribuna el pasado 24 de noviembre, en las Comisiones unidas de Hacienda y Gobernación. En la discusión se votó en favor de su archivo porque los legisladores tomaron como demostrado que en el municipio sanmiguelense se está acompañando en el suministro del servicio de agua potable y alcantarillado, además que se ha dado seguimiento a la situación jurídico del Ejido de Nuevo Pantoja y demás comunidades colindantes.

El gobierno de San Miguel de Allende aseguró que se cumple con el artículo 115 fracción III inciso a) se establece que los municipios tienen a su cargo las funciones y servicios públicos del agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales.

La Ley Orgánica Municipal del Estado de Guanajuato en su artículo 11 establece que: “Son derechos de los habitantes del Municipio: Utilizar los servicios públicos que preste el municipio, de acuerdo con los requisitos que establezca esta Ley, los reglamentos municipales respectivos y demás ordenamientos legales aplicables”.

La postura oficial asegura que del mes de mayo a la fecha se han visto reducidos los consumos en el agua en una proporción considerable y estableciendo una tarifa por familia de 200 pesos.

Esta cuota se estableció bajo un acuerdo entre vecinos y SAPASMA. De esta manera quedó regularizado el servicio y cobro por concepto de agua potable.

A la par del anterior proceso, se ha brindado el acompañamiento legal a los habitantes de la comunidad, quienes continúan con sus procesos legales; ya que la situación jurídica de la comunidad es irregular.

Cabe aclarar que ésta situación no ha sido resuelta al tratarse de un litigio entre particulares, motivo por el cual el gobierno municipal no tiene legitimación para intervenir o agilizar el proceso.

AC