“Lo que quiero decir a los habitantes de Salamanca es que no están solos. Que sabemos el mal gobierno que tienen. Pero que les vamos a echar la mano. Vamos a entrar con todo”. Diego Sinhue Rodríguez Vallejo

Si alguien escuchó el discurso del gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo el pasado viernes antes del mediodía en un evento con colegios de profesionistas, ahí mismo se acababa cualquier posibilidad de que por la tarde, el secretario de Salud decretara el regreso de semáforo rojo.

Pero aún más, el mandatario fue más allá y de plano anticipó que no se volverá a parar la economía como ocurrió entre abril y julio con lo que ya podremos olvidarnos de los semáforos epidemiológicos como la forma de medir la apertura de negocios y su propio funcionamiento.

Así las cosas, preparémonos para un auténtico festival multicolor de semáforos que en los hechos ya perdieron la seriedad como el referente que fueron en los primeros meses de la pandemia.

“Naranja con alto riesgo” definió el secretario de Salud del estado Daniel Díaz Martínez, el semáforo epidemiológico vigente en el estado luego de que el estado vive una de las peores rachas desde el arranque de la misma: promedios de casos diarios al alza, crecimiento exponencial de casos activos, ocupación hospitalaria en aumento.

No sería nada raro que así como ya le pusieron apellidos al naranja y al amarillo, en breve nos digan que estamos en “rojo light” o “rojo de bajo riesgo”.

Lo cierto es que, parafraseando al doctor Alejandro Macías uno de los expertos más reconocidos hoy en el país, así como hablamos de una fatiga de pandemia de los ciudadanos que de plano se cansaron del confinamiento, minimizaron las restricciones y salieron a las calles con las consecuencias ya percibidas.

Algo parecido pasa con los gobiernos. Tras el primer confinamiento, llegó la reapertura y los contagios a la baja. El problema es que en esta segunda oleada en Guanajuato y a nivel global, encuentra a un sector de la sociedad que no sigue las restricciones, una movilidad en crecimiento constante, la vida social reactivada, centros comerciales, gimnasios, restaurantes, bares semiabiertos y reacios a volver a cerrar.

Ya se perdieron empleos, se cerraron empresas, escuelas del sector privado que no pudieron seguir. La segunda oleada de Covid19 cada vez se parece más a la primera pero los gobiernos ya no quieren volver al cierre total. Por eso inventan colores y estiran la liga al máximo.

Pero además, hoy, la pandemia pone contra las cuerdas a gobiernos de todos los signos partidistas por una razón adicional. La vacuna tardará en llegar a México y todavía más, en aplicarse masivamente.

El diputado federal panista Ector Jaime Ramírez Barba dijo que en 2022 o hasta 2023 mientras que el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo citó al doctor José Narro que habló del próximo año.

Esto obliga a las autoridades a pensar que la estrategia de contención del virus debe ser trazada a muy largo plazo. Por lo menos de 12 a 18 meses más tendrán que seguir las medidas de mitigación. El uso de cubrebocas, la sana distancia, la restricción para las aglomeraciones.

Los estados y entre ellos se incluye Guanajuato este fin de semana, tendrán que mantener una estrategia al filo de la navaja.

Al filo de la navaja porque en sentido estricto, y de acuerdo al propio discurso de las autoridades (el secretario de Salud dijo la semana pasada que Guanajuato se había salvado por poco del semáforo rojo) ya tendríamos que estar en la alerta máxima.

Los datos son demoledores. Apenas el viernes anterior, Guanajuato tenía 2 mil 333 casos activos y estaba en quinto nacional. La secretaría de Salud dijo el viernes que la cifra se había elevado a 3 mil 699 pero ayer la página del Centro de Información Geográfica de la UNAM, ya registraba 3 mil 772 ya en segundo lugar.

León ya está otra vez como en julio muy cerca de los mil casos activos con 977 solo por debajo de Querétaro, Álvaro Obregón y Monterrey mientras que Irapuato y Celaya son 20 y 21 con 392 y 386. Salamanca está en 37 con 248.

Entre estos cuatro municipios concentran poco más del 50% de los casos activos de toda la entidad, es decir el potencial de la transmisión.

La semana que se fue, es la más alta de casos activos y a falta de 3 días para concluir el mes, noviembre se acerca con 11 mil 769 al mes más crítico con la cifra más alta de contagios con 13 mil 529 en julio. Cabe subrayar que ese mes tuvo 31 días y noviembre solo 30.

Un panorama complejo el que se avecina. El gobernador Diego Sinhue ya dijo que no va a parar la economía. Viene diciembre y su acostumbrada movilidad. El margen de maniobra se redujo en la medida que se fue abrió la economía tras el primer confinamiento.

El gobierno estatal como nunca, a la conciencia de los ciudadanos pero sobre todo a su capacidad hospitalaria.

Pasó casi desapercibida una reforma a la Ley Orgánica Municipal aprobada por el pleno del Congreso local el pasado jueves que quita al Ayuntamiento la facultad de votar las destituciones de funcionarios municipales.

Y es que la ley vigente señala que, luego de que Contralorías Municipales y Auditoría Superior del Estado realizaban auditorías que concluían en sanciones a funcionarios de gabinete, estas todavía tenían que pasar por la aprobación del pleno del cabildo.

El dictamen señala que el Ayuntamiento se excede en sus facultades al sancionar asuntos que ya fueron calificados por órganos fiscalizadores.

SHEFFIELD VS. SANCHEZ CASTELLANOS, A UNA DÉCADA DE AQUÉL ROUND

Hace una década, el entonces regidor priista José Arturo Sánchez Castellanos enfrentaba abiertamente al entonces alcalde panista Ricardo Sheffield Padilla quien avanzaba en la consolidación de un golpe de timón en la integración de los consejos ciudadanos.

La voz cantante no la tendría ya el Consejo Coordinador Empresarial del que había sido dirigente el primero de ellos, sino la Concamin que dirigía el empresario Emilio Cano Barragán.

Una perla para ilustrar que en León, más que alcaldes y personajes o partidos políticos, lo que rifa son los grupos de poder económico. Sánchez Castellanos no hablaba como regidor priista sino como el representante de cámaras que tenían el privilegio de proponer integrantes de consejos ciudadanos.

Sheffield por primera vez en la era de los gobiernos del PAN, desafiaba a los poderes fácticos, en un lance que no gustaba a los dirigentes de su instituto político.

En 2010, cuando lo enfrentó Sánchez Castellanos tras la postura crítica que asumía este último ante la administración, apareció la información sobre una auditoría a Explora, una paramunicipal en la que José Arturo Sánchez fungió como tesorero.

El dardo parecía dar en el clavo. Obviamente, Sheffield no se asumió como autor intelectual aunque Sánchez Castellanos no se cansó de acusarlo y de argumentar que lo hacía en venganza a las críticas que había recibido de parte del regidor hasta ese momento todavía priista y leal a Bárbara Botello.

Hoy, el destino encuentra a estos personajes en distintas trincheras. Sheffield se asume como socialdemócrata en Morena y es titular de la Profeco y antipanista número 1 de la comarca.

Bárbara Botello emprende su propio camino con una agrupación civil denominada “Guanajuato en paz” mientras se abre alguna oportunidad en la política partidista.

Y bueno, José Arturo Sánchez Castellanos parece incursionar en la política partidista porque suena fuerte como candidato a diputado federal panista en la próxima contienda electoral.

Y pareciera que cambiaron de adscripción pero en realidad no tanto. Sheffield siempre fue incómodo al status quo panista y ahora es archirrival. Sánchez Castellanos en el PRI y ahora posiblemente en el PAN, defenderá los intereses del sector privado.

SALAMANCA, AUDITORÍAS Y LEY DE INGRESOS: LA BATALLA PREELECTORAL, AQUÍ

Aunque luego terminen por tratar de ser políticamente correctos, tanto el gobierno estatal que encabeza Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, como el de Salamanca que comanda Beatriz Hernández Cruz, se encaminan a la ruta de colisión.

Sus discursos, sus acciones e incluso algunas señales que se extienden al Poder Legislativo, así lo anuncian.

La Comisión de Hacienda, que encabeza Alejandra Gutiérrez Campos, optó por enviar hasta el tercer bloque de análisis la iniciativa de ley de ingresos del Ayuntamiento de Salamanca luego de que el primer requerimiento no fue satisfecho.

El tema de fondo es que se sabe en lo corto que los intercambios entre el Poder Legislativo y el municipio salmantino no han sido muy tersos que digamos.

Si a eso le agregamos que Salamanca contempla incrementos a los servicios por debajo del 3.5% sugerido por el poder legislativo, de acuerdo a versiones del Congreso, los desacuerdos se amplían. El Ayuntamiento es autónomo aunque el Legislativo tomará una postura en torno a si los ajustes a derechos e impuestos están acorde a la proyección 2021.

A estas alturas y con todo y la ampliación del plazo, es factible el escenario de que el Ayuntamiento de Salamanca no cumpla con lo que pide el Congreso local, por ley quedaría vigente el presupuesto 2020 con los impactos adversos que esto traería para los salmantinos.

El tema de fondo es que se configura una guerra abierta entre Palacio de Gobierno estatal y el gobierno de Beatriz Hernández Cruz. El señalamiento de Diego Sinhue hace unos días en Valle de Santiago, hablando de un “mal gobierno” en este municipio escala un punto más en la ríspida relación.

La alcaldesa, por su parte, está en pie de lucha con la investigación de irregularidades presuntamente cometidas en los anteriores gobiernos panistas por la compraventa de un predio. De manera paralela hay auditorías y sanciones posibles en contra de la administración que encabezó Antonio Arredondo que siguen su curso en la ASEG.

Pero también hay auditorías de la propia ASEG en las que se investigan presuntas anomalías del gobierno que encabeza Beatriz Hernández que inevitablemente podrían concluir en los meses siguientes, justo cuando la contienda electoral ponga las tensiones al máximo.

Los tambores de guerra resuenan con todo.