Javier Bravo

Guanajuato.- En medio de la actividad más intensa y el riesgo más latente para los buscadores, el gobierno federal finalmente liberó los 12 millones de pesos acordados con el gobierno estatal, para los trabajos de localización de personas desaparecidas y no localizadas en Guanajuato.

El proyecto de ejecución de estos recursos, incluyen la implementación de capacitaciones, drones, automóviles y chalecos antibalas para la protección de los integrantes de la comisión y los participantes en las búsquedas.

Ese recurso se suma al millón 200 mil pesos de las arcas estatales, acorde al convenio firmado con la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas (CNBP), para formar una bolsa de 13 millones 200 mil pesos, para la capacitación y equipamiento de la Comisión Estatal (CEBP) que este año apenas contaba con 8.8 millones de pesos para su funcionamiento burocrático.

La ministración de este recurso quedó sellado con su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Guanajuato el pasado 4 de junio, en la que se incluyó la lista de artículos y servicios que habrán contratarse o adquirirse, en el momento que mayor actividad registran los colectivos de familias de personas desaparecidas junto con la CEBP.

Protección tras la tragedia

La publicación del presupuesto para la CEBP en Guanajuato llega en un momento difícil; a unas semanas del asesinato en Salvatierra de Javier Barajas, abogado, buscador e integrante de la propia Comisión. Así lo resaltó Fabrizio Lorusso, académico Universidad Iberoamericana León e integrante Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato.

Subrayó que por un lado la ONU, Front line defenders, el gobierno federal y estatal, la Unión Europea, los colectivos y organizaciones acompañantes de Guanajuato, entre otras, han condenado el homicidio, pero por otro lado se ha abierto la discusión sobre cómo garantizar las labores de búsqueda de los colectivos e instituciones.

Todo lo anterior, en el medio del conflicto armado que vive la entidad: la seguridad en en campo y la protección constante de las buscadoras debe ser una prioridad, sin olvidar la ampliación de capacidades institucionales.

Expuso que desde la primera búsqueda en Uriangato en agosto de 2020, la CEBP ha sido sub-financiada, operando con poco personal e infraestructura, trabajando en decenas de sitios y recuperando centenares de cuerpos junto con las familias y en colaboración con Fiscalía General del Estado (FGE).

“Pero se han hecho patentes sus límites, ciertas tensiones interinstitucionales, y ojalá la contribución estatal a su funcionamiento aumente para superar incluso la federal, ya que ésta es un 10 por ciento menor que el año anterior”.

Apuntó que Guanajuato “se creía pacífico sin serlo, ha llegado muy tarde a reconocer las desapariciones y las fosas, a legislar y a acercarse a los colectivos (…) Todavía no ha recuperado el terreno perdido y cada día que pasa es una tortura para los deudos”.

Por lo anterior, consideró que el presupuesto debe enfocarse a reforzar la CEBP, que tiene apenas un año de vida, para la formación especializada, histórica y sociológica para el contexto, y en derechos humanos, como un rubro fundamental que cabe ampliar, pero también las capacidades técnicas de exploración en campo, de procesamiento de información y el transporte.

“Se espera la pronta integración y publicación de los registros estatales y análisis de contexto, ya que hay una inversión en software; claramente la seguridad representa otro gasto, aunque no hay que descuidar la estabilización del personal empleado y la expansión del equipo”.

El convenio

El documento refiere al convenio de coordinación y adhesión para el otorgamiento de subsidios a través de sus comisiones locales de búsqueda. Este lo celebra la Secretaría de Gobernación por conducto de la CNBP y el gobierno de Guanajuato.

Corresponde al gobierno estatal dedicar al menos el 10 por ciento de participación respecto del monto total asignado, dentro de los 20 días hábiles siguientes, contados a partir de que reciban los recursos federales.

El convenio obliga a rendir informe trimestrales para informar del el avance físico-financiero en la implementación, la relación de las contrataciones y adquisiciones celebradas durante el periodo a reportar; los estados de cuenta de la cuenta bancaria específica productiva en la que se hayan radicado los recursos.

Colectivos obligados a la colecta

Mientras las instancias oficiales apuran sus procesos burocráticos para su financiamiento, desde la sociedad civil, los colectivos de familias de personas desaparecidas emprenden las medidas a su alcance para seguir con sus labores de búsqueda.

El colectivo Hasta Encontrarte está integrado por 72 familias de municipios como Irapuato, Celaya, Pénjamo y Abasolo. Una de sus integrantes, Karla Martínez, informó que emprendieron una colecta para iniciar un proyecto de venta de tazas y playeras, que sirva como medida de financiamiento para buscar a sus seres queridos.

En su mayoría mujeres, estas pagan desde los traslados, copias, gasolina, comidas y búsquedas debido a la interrupción de sus vida por la violencia que persiste en sus localidades. En el caso de Karla, tenía un negocio que tuvo que cerrar para dedicarse a buscar a su hermano.

Como ella, muchas familias se han quedado sin trabajo y no tienen recursos para emprender los trabajos, o de plano, para mantenerse.

“Queremos generar fondos para seguir con la búsqueda de nuestros familiares y esta idea la traemos para comprar artículos con nuestro logotipo y venderlos y generar más fondos para la búsqueda de seres queridos”, resaltó.

LC