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Compañía minera pretende evacuar poblado El Cedro

Vecinos de la comunidad de El Cedro viven entre el temor y la incertidumbre tras conocer que la empresa Fresnillo PLC, propietaria de esas tierras— busca deshabitar el poblado 

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Vecinos de la comunidad de El Cedro viven entre el temor y la incertidumbre tras conocer que la empresa Fresnillo PLC, propietaria de esas tierras— busca deshabitar el poblado 

Patricio Serna

Guanajuato.- Habitantes de la comunidad de El Cedro viven entre el temor y la incertidumbre, ya que la empresa minera Fresnillo PLC –encargada de los trabajos en la Mina Las Torres— pretende desalojarlos para explotar el mineral que se encuentra debajo de sus viviendas.

Pedro Adrián Jaime Rivera, habitante de la comunidad, compartió que hace tres meses personal de la minera les informó que ya poseen las escrituras que los acredita como propietarios de dicho poblado, para poder hacer uso de la explotación de betas mineras encontradas ahí, y se ofrecieron a reubicarlos.

Expuso que al parecer pretenden trasladarlos al poblado de El Llano, al Cerro de la Bolita o cerca al Cerro de los Leones, donde les ofrecen la construcción de una casa con dos cuartos sala, cocina y baño, además de un pequeño patio, lo cual consideran que es una burla ya que el patrimonio de la mayoría de los habitantes –son alrededor de 400 pobladores— es superior a lo que les prometen.

Entre los pobladores se extiende la versión de que tras exploraciones realizadas por personal de la empresa en la zona, encontraron dos betas mineras que podrán ser explotadas por alrededor de 16 años, y que necesitan de los predios para poder depositar ahí los desechos.

“A la delegada (Rosa Zárate) yo le comenté que los de la mina tienen que meterse a hacer un estudio, porque no nada más son las propiedades, sino es lo que la gente genera cada año. Por ejemplo, hay gente que siembra, entonces esa siembra ellos ya no la van a poder laborar, esa cosecha es lo que la gente también quiere pelear porque es con lo que come”, destacó.

Juan J. de Jesús Zárate, señaló que la empresa ya está haciendo detonaciones en la zona, y continuamente se sienten los estragos en la tierra debido a las explosiones de “barrenos”, que cimbran los domicilios y mantiene a los habitantes en constante temor de derrumbes en las estructuras.

Los habitantes no se quieren ir y advierten que si no se respetan sus derechos, buscarán asesoraría para ver si pueden evitar que la empresa minera continúe haciendo excavaciones en la zona.

Sostuvieron que la empresa no les ha presentado un proyecto claro para negociar, pues todo lo que les han planteado es sólo de palabra.

Para los pobladores será muy difícil alejarse de sus propiedades, y otro de sus temores es que la presa cercana pueda sufrir complicaciones por las excavaciones, y al desbordarse inunde la comunidad.

Todo lo construimos con nuestro trabajo: pobladores

Patricio Serna / Guanajuato

La posible reubicación de los habitantes de la comunidad de El Cedro ha generado preocupación y molestia de los vecinos de la zona, que temen perder todo un patrimonio que es fruto de años de trabajo y sacrificio

Antonio Valdez sostiene que a ningún habitante le conviene la reubicación.

Julia Villanueva Valdez ha pasado sus 63 años de vida en El Cedro: allí vivieron sus padres, hermanos, hijos y ahora sus nietos.

La mujer, que ha dedicado su vida a trabajar en el campo con la siembra de maíz, es esposa e hija de mineros pero se muestra inconforme ante la posibilidad de ser reubicada.

“¿Cómo voy a dejar yo mi rancho donde nací? Es el problema  que tenemos, que nos quieren quitar de aquí, nosotros no nos queremos ir, cómo dejamos tantas cosas que tenemos aquí, muchos recuerdos. Todos mis hijos nacieron aquí, la iglesia, todo eso no nos van a poner”, reflexionó con lágrimas en el rostro.

Expuso que otra de sus preocupaciones es perder sus cultivos de maíz, frijol y calabazas, de donde muchos años obtuvo los recursos necesarios para dar alimento, estudios y vestimenta a sus hijos y aún a la fecha, aprovecha cada año como si fuese una tradición labrar la tierra en cada temporada.

“Todas mis cosechas voy a perder, si nos hacen nomás así la casa no nos dejan nada de nada, ni para criar un animal, o aquí tengo gallinas, tengo mis perros, voy a llegar a una casa en donde ni eso voy a poder tener”, mencionó.

Julia Villanueva no puede contener las lágrimas al pensar en la posibilidad de tener que dejarlo todo.

Otro de los afectados es Antonio Valdez Zárate, nacido en El Cedro hace 50 años, y que a pesar de que la mayor parte de su vida la dedicó a la empresa minera, está en desacuerdo con las medidas que Fresnillo pretende tomar.

“Nos quieren mandar a un como fraccionamiento. A mí no me conviene, pues yo aquí tengo mis tres casas, casas que con mucho esfuerzo he construido gracias a mi trabajo y al sacrificio, incluso aun cuando estuve trabajando en Estados Unidos”.

Otra de las cosas que también lamenta es el esfuerzo que sus hermanos han hecho para construir sus casas, pues ellos han estado trabajando desde hace 20 años en Estados Unidos, alejados de sus familias, para construir un patrimonio duradero para su descendencia”.

A esto se le suma la pérdida de la tranquilidad en la que vive su familia, donde ya todos se conocen y los lazos de unión se han creado con gran fortaleza a lo largo de los años, sin mencionar la tienda de su esposa, la cual ayuda a dar sustento a sus hijos pequeños.

No es desalojo, sino reubicación: Fresnillo PLC

Patricio Serna / Guanajuato

El superintendente Isidoro Aviña Parra aseguró que la empresa minera posee esas tierras desde 1970.

La compañía Fresnillo PLC es propietaria de la mayoría de los terrenos de El Cedro desde 1970, pero no es su intensión desalojar a los habitantes de la comunidad que está a escasos 500 metros de su zona de trabajo, aseguró el superintendente de Relaciones Comunitarias de la empresa minera, Isidoro Aviña Parra.

Explicó que cuando se hizo la compra de estos espacios hace casi 50 años, se llegó a un convenio con los habitantes para que pudieran estar allí mientras encontraban un lugar mejor para vivir, pero la empresa cerró trabajos en la mina Las Torres por 20 años, y ahora que reactivaron la mina, el poblado se ha extendido y ahora habitan allí alrededor de 400 personas.

“También estamos preocupados por la seguridad de la gente que está aquí en una cañada. Ya más arriba están unas minas de jales que se hicieron cuando inició la mina, que ya viendo otros acontecimientos y los nuevos requerimientos de seguridad de la gente, están en un riesgo. Una venida extraordinaria de lluvia, que se empiece a deslavar la presa, los primeros afectados van a ser ellos”, reconoció.

Ahora ante la reactivación de la mina, la empresa les ha planteado una reubicación al Cerro de la Bolita, mediante un análisis sobre el tipo de viviendas y una negociación posterior sobre la construcción de nuevos domicilios y sus escrituras en la zona mencionada, la cual afortunadamente pertenece a la empresa.

“Si  no están de acuerdo, se buscan las condiciones de que se llegue a un acuerdo. No es desalojo, es una reubicación, inclusive se le llama voluntaria, porque si no quieren la empresa tampoco va a obligarlos”, aclaró, e hizo énfasis de que no pretenden actuar de manera inhumana para desalojar a los habitantes.

Dijo que al momento no han hablado de dinero, pero que una vez hecha la valuación podrán comenzar la negociaciones.

Reiteró que en caso de acceder a una reubicación, Fresnillo PLC está dispuesta a diseñar tres tipos diferentes de casas y distintas dimensiones, dependiendo el costo de los domicilios.

Advirtió que en caso de una negativa, la empresa dará parte a Protección Civil para que se realice una evaluación del riesgo y que sea el gobierno quien trate de convencer a los pobladores en caso de un riesgo inminente

“Lo que si les garantizamos es que va a ser para mejorar su  condición, su calidad de vida. No sé, si no es un 200%, si un 150%”, agregó.

El superintendente sostuvo que no existe riesgo alguno de derrumbes de casas en la comunidad derivadas de las detonaciones de la empresa, y que de eso ya ha hablado con los pobladores para informárselos; además que están abiertos a colocar un sismógrafo para garantizarles que no existe riesgo alguno.

rc

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Hoy sigue sin publicarse el ‘Programa de Manejo’, que marca las reglas de la zona; La tala ilegal, cacería, minería y extracción de material son prácticas vigentes en la zona

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Eliazar Velázquez / Staff Correo

Guanajuato.- El 2 de febrero se cumplieron trece años de que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, el decreto presidencial mediante el cual se crea la Reserva de la Biosfera Sierra Gorda de Guanajuato. En México, constituye la categoría jurídica más alta para la protección y salvaguarda de un Área Natural.

Los procesos administrativos y estudios técnicos comenzaron en 2002-2003, en esa fase estuvo muy involucrado el entonces Instituto Estatal de Ecología (ahora SMAOT), pero fue en 2007 cuando la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, por conducto de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, en coordinación con el Gobierno del Estado de Guanajuato, concluyeron que la Sierra Gorda “…posee una extraordinaria riqueza a nivel mundial, constituyendo una zona de gran fragilidad, que alberga muestras representativas de ecosistemas originales que no han perdido su capacidad de regenerarse y recuperarse de manera natural y que reúnen los requisitos necesarios para ser declarados como Área Natural Protegida con la categoría de Reserva de la Biosfera”.

Árbol que nace torcido…

Casi inmediatamente a la promulgación de la declaratoria en 2007, comenzó a evidenciarse que el trabajo técnico no estuvo acompañado de un diálogo amplio y cercano con los habitantes de la sierra. Hubo en esos primeros meses y años diversas expresiones de inconformidad social porque los campesinos argumentaban que no habían sido consultados, los enteraron hasta que ya era un hecho.

En 2007, en el jardín de Atarjea, sentado en una banca junto al kiosco y envuelto en humo de cigarrillo, un campesino definió lo que se despertó en el corazón de muchos serranos: “Yo veo esto como una dictadura porque únicamente se nos están imponiendo las cosas, no se ha tomado en cuenta nuestro parecer. El decreto ya está y apenas nos van a decir lo que queremos o no queremos… A nuestros ejidos nadie fue a preguntarnos si queríamos, nomás llegó como quien dice el trancazo, hasta ahorita nunca llegó el aviso, no ha habido nada de preguntar nuestra opinión”.

Cuando la gente cuestionaba a los funcionarios por qué actuaron así, hubo quienes contestaban con el falaz argumento de que se habían realizado consultas con los ayuntamientos y que el anteproyecto estuvo disponible para todos los interesados vía Internet, como si los habitantes de la sierra, sobre todo quienes viven en comunidades aisladas, acostumbraran dejar a un lado sus preocupaciones diarias y sus siembras para buscar una computadora, y menos cuando en ese entonces para acceder a una había que bajar hasta los pueblos o ciudades donde apenas comenzaban a popularizarse los llamados ‘ciber’.

Entre los hombres y mujeres campesinos de mayor edad era particularmente notable el desconcierto. Nacieron en tiempos de la Revolución o en los bordes de la Cristiada, y siguiendo el ejemplo de sus antepasados, habían hecho del amor a la tierra y a la naturaleza un acto de vida cotidiano, era gracias a ellos que se había preservado el patrimonio natural y cultural de la Sierra Gorda. “Ahora están hablando de reservas federales, pero lo que está en nuestros cerros es porque lo hemos cuidado nosotros, en esto hay gente agazapada que quiere seguir comiendo en las oficinas y a nosotros como siempre nomás nos quieren dar migajas. Desde nuestros antepasados ese cuidado lo hemos tenido, y ahora por qué otro forastero viene a invadirnos. Es lo que dicemos, y lo peor sin algún acuerdo de nada. Porque nos ignoraron. Nuestra inconformidad es porque deben tomarnos en cuenta para todo lo que pase en nuestra tierra, los tratos así son, cuando hay un acuerdo se hace y si no, no…”.

Y es que fue tal la ligereza y la irresponsabilidad institucional que, violentando la propia legislación ambiental, los funcionarios dejaron comunidades enteras dentro de lo que se denomina “zona núcleo”; aunque por otra parte, favoreciendo algunos intereses, por ejemplo, en ese mismo entorno casualmente situaron en “zona de amortiguamiento” un área boscosa donde pocos años después la Compañía Minera Autlán, de la mano con una empresa canadiense, pudo realizar sin ningún obstáculo un proyecto de exploración con una inversión de 300 mil dólares.

Sólo la fuerte tradición de institucionalidad que predomina entre los campesinos de la región, al paso del tiempo fue atenuando el conflicto, pero el daño ya estaba hecho: desde el comienzo se había propiciado una brecha entre los pobladores y el decreto.

Funcionarios fallidos…

Hacia finales del mismo año en que fue publicado el decreto, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) comenzó a conformar el equipo humano asignado a la región. Para el 2008 ya había establecido una oficina en la cabecera municipal de San Luis de la Paz. Al frente de ese grupo de ocho servidores públicos (integrado por técnicos y administrativos) estaba Gabriel Vázquez Sánchez, originario de Jalisco, quién venía de fungir como secretario particular del entonces Comisionado Nacional, Ernesto Enkerlin, y desde ese cargo conocía de cerca todo el proceso.

Pero esos primeros años no pasaron de las buenas intenciones, y sin mayores avances en el cumplimiento de lo que mandata la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), en 2011 fue relevado por el ingeniero michoacano Víctor Manuel lIdefonso Apolinar, cuya administración se caracterizó por alejarse todavía más de los objetivos para los que fue creada la Reserva, pues este funcionario no tuvo reparo en convertirse en un abierto aliado y promotor de los proyectos mineros, actividad que convirtió en la prioridad de su gestión. Para asumir esas posturas tenía el respaldo de sus superiores, notablemente de Guillermo Ramírez Filippini, entonces director de la Región Centro y Eje Neovolcánico, jurisdicción con sede en Cuernavaca, Morelos, desde la que se coordina a los empleados de esta Reserva.

Sin embargo, el alejamiento de sus responsabilidades primordiales y su entusiasmo por alentar esos negocios fueron tan evidentes, que se generó una crisis en su propio equipo y con el recién creado Consejo Asesor (el cual es presidido de modo honorario por el gobernador o quien él designe, alcaldes de la zona, y ciudadanos representantes de diversos sectores sociales). Terminó siendo despedido en 2015, luego de realizarse cambios en los mandos que lo protegían.

Su lugar lo ocupó el también ingeniero Luis Felipe Vázquez Sandoval, originario de San Luis de la Paz, quien ya venía fungiendo como subdirector y es el único que aún permanece del equipo inicial de funcionarios designados al emitirse el decreto, por lo que ya está cumpliendo 13 años de laborar en esas oficinas. A finales de septiembre de 2015 fue nombrado encargado de despacho, y al poco tiempo confirmado como titular. Con este funcionario los muchos rezagos tampoco han podido solventarse, y siguen pendientes de solución asuntos de suma relevancia, como la conclusión y publicación en el Diario Oficial de la Federación de lo que se denomina ‘Programa de Manejo0, sin el cual persiste un vacío y ambigüedad legal, pues dicho instrumento jurídico define las reglas administrativas de una Reserva de la Biósfera. La legislación ambiental indica, que al año de emitido el decreto debe formularse y publicarse, para luego ser sometido a revisión cada cinco. Lleva doce años de retraso.

Aunque se argumenta que para enmendar algunos errores de origen (cometidos por ellos mismos) tendrá que volver a transitarse todo el proceso institucional que requiere la modificación de un decreto presidencial, lo cierto es que los responsables de este tema en todos los niveles de gobierno, no han dado los pasos necesarios para que el decreto se convierta en un instrumento jurídico eficaz, y para que los habitantes y propietarios del territorio, se identifiquen y comprometan con los propósitos para los que fue creada la Reserva, pues después de una década, en la población en general, pesan más las vertientes prohibitivas de esa iniciativa, que la nobleza de sus fines. A esto se suma, que esa inestabilidad institucional, así como los desencuentros de los funcionarios federales con sus contrapartes estatales, han paralizado órganos de participación social decisivos como el Consejo Asesor.

De seguir en esa inercia, se fortalecerá el peor escenario, pues los funcionarios de Conanp, luego de 13 años no han consolidado un trabajo comunitario sólido, y han optado por el camino fácil de convertirse en una dependencia más del montón que reparte dinero como la vía para ganar clientela, incondicionales y consensos, sin detenerse a realizar diagnósticos rigurosos acerca de los impactos sociales de los proyectos que subsidian.

A lo largo del año, realizan ocasionalmente algunas acciones llamativas para efectos mediáticos y también se ocupan de temas tersos como el monitoreo de la mariposa monarca, el águila real y otras especies; pero las problemáticas complejas las evaden, sólo las administran, y descuidan muchas de sus funciones sustanciales, entre ellas la de la vigilancia eficaz y oportuna del Área Natural Protegida.

Todos estos años han continuado prácticas como la minería clandestina, tala de árboles, obras públicas sin el debido proceso, mal manejo de residuos sólidos por parte de los municipios, contaminación de aguas, creación de bancos de tierra y arena sin autorización, incendios provocados, extracción de plantas, hornos de carbón, cacería ilegal… Sin embargo, cuando ocasionalmente han actuado para interponer denuncias ante Profepa por algún presunto delito ambiental, muchas veces ha sido sólo bajo la presión de algún ciudadano que tomó la iniciativa, o cuando los hechos se hacen visibles en algún medio de comunicación.

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Nunca habían matado a tantos oficiales en la entidad; los ataques se dispararon al cierre del año, con 22 efectivos caídos tan sólo en diciembre

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Nunca habían matado a tantos oficiales en la entidad; los ataques se dispararon al cierre del año, con 22 efectivos caídos tan sólo en diciembre

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Estado.- La intensa batalla entre grupos delictivos en la entidad el año pasado alcanzó el mayor saldo de policías asesinados en la historia reciente del estado, con un total de 75 oficiales caídos, doce más que el récord que había impuesto el año anterior, de acuerdo con los casos publicados por correo.

Aunque la organización ‘Causa en Común’ desde el año pasado elabora un conteo de los policías asesinados a nivel nacional, en el caso de Guanajuato existen algunas diferencias con relación a los casos que Correo documentó en 2019.

El recuento de las bajas

Hace exactamente un año, comenzó la cuenta de ataques mortales contra uniformados y ocurrió en Irapuato. Los últimos decesos fueron el 27 de diciembre; las víctimas son dos custodios del Cereso Mil.

Entre los casos que la organización no integró destaca el asesinato de un efectivo del Ejército Mexicano, hallado muerto el 11 de abril sobre el Libramiento Norte de Irapuato, con un balazo en la cabeza. Fue identificado como Salvador Moreno, y pertenecía al Grupo de Trabajos de Inteligencia de la XII Región Militar.

Tampoco contabilizó el asesinato de una mujer policía de Abasolo, que fue raptada el 22 de noviembre frente a la Presidencia Municipal, y al día siguiente su cuerpo fue hallado mutilado, a un costado de la carretera a Irapuato, en el acceso a la localidad Puerta de Palo Dulce.

También falta el crimen de Eva Miriam, de 36 años, oficial de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, cuyo cuerpo fue localizado el viernes 6 de diciembre en la comunidad El Salitre, en Celaya, con huellas de violencia.

‘Causa en Común’ no integró a la lista el asesinato del titular de la Unidad Antidrogas de la Fiscalía General del Estado, Francisco Javier Fuentes Uribe, ocurrido el 3 de julio en Celaya. Correo sí lo contabilizó por tratarse de un actor clave en la persecución de grupos criminales. Por el contrario, correo no incluyó en el registro los casos de expolicías asesinados, pues ya no se encontraban en funciones, aunque ‘Causa en Común’ sí los sumó a su lista.

Tal es el caso del expolicía de Irapuato, Antonio Ramírez Delgado, quien fue identificado entre los cuerpos sepultados en la fosa clandestina hallada el 5 de diciembre, en el Ejido San Antonio El Rico. Al igual que el crimen del excomandante de la Policía se Apaseo el Alto, Alfredo Guadarrama, abatido el viernes 13 de diciembre en su domicilio, en la comunidad de La Luisiada.

Aunque ‘Causa en Común’ contabilizó 73 policías asesinados en Guanajuato hasta el 14 de diciembre, en su listado sólo se pueden consultar 67 casos.

Matan a nueve custodios, incluido un mando

En los ataques perpetrados en 2019 contra efectivos policíacos destaca el asesinato de nueve miembros del cuerpo de seguridad del Cereso Mil de Valle de Santiago, considerado el penal de máxima seguridad a nivel estatal, que fueron abatidos en cuatro hechos distintos.

Entre éstos se encuentra el asesinato del jefe de custodios Edgar González Sandoval fue asesinado a balazos cuando llevaba a su hijo a la preparatoria en la capital del estado, en la zona de Cata.

Cinco murieron el 19 de septiembre, al ser emboscados y acribillados por un comando armado cuando acababan de salir del penal, en la carretera Salamanca-Pueblo Nuevo. Dos más murieron en circunstancias similares, el 27 de diciembre.

Otro murió el 11 de octubre en Pénjamo, en un ataque a balazos en la colonia San Miguel.

Este grupo depende directamente de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, que les ofrece un salario bruto mensual de 16 mil 651 pesos (hasta 2019).

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No sólo las autoridades de Xichú, Atarjea y Santa Catarina asignaron obras a la empresa del panista Rigoberto Hurtado, sino también el gobierno de Miguel Márquez otorgó nueve contratos en cinco municipios, seis por adjudicación directa

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No sólo las autoridades de Xichú, Atarjea y Santa Catarina asignaron obras a la empresa del panista Rigoberto Hurtado, sino también el gobierno de Miguel Márquez otorgó nueve contratos en cinco municipios, seis por adjudicación directa

Eliazar Velázquez / Staff Correo

Atarjea

2015: preparando la continuidad del negocio

Para 2015,  la empresa de Rigoberto Hurtado siguió mostrando mucha y diversa actividad. Nuevamente le adjudican contratos en esos tres municipios para construir cuartos dormitorios en  múltiples comunidades, pavimentar  una calle,  construir “baños dignos”.  El contrato más cuantioso se lo da  Santa Catarina, con dinero de la Secretaria de Desarrollo Social y Humano, ya entonces dirigida por Diego Sinhue, mediante una “licitación simplificada” le adjudican  2 millones 495 mil pesos,  para realizar el “Sistema de alcantarillado,  sanitario y planta de tratamiento 1ra etapa, localidad los Juan Diego”.

Un dato relevante es que para las elecciones de 2015, los alcaldes salientes de los tres municipios, promovieron como sus sustitutos a quienes fungían como sus secretarios de Ayuntamiento: Eloy Leal, Lázaro Cárdenas, y José Luís Rivas.

Los tres, abanderados por el PAN, obtuvieron la candidatura y ganaron la contienda, de modo que a través de ellos la continuidad del negocio estaría garantizada durante otros tres años. Igualmente, en Xichú y Santa Catarina,  donde más venía facturando  Kore Caminos del Noreste, se ratificó en el cargo a los mismos directores de Obras Públicas: Rafael Bustamante CarmonaVíctor Hugo Hernández González. Estos desde entonces, tenían un papel fundamental, pues además de legitimar los trabajos en campo,  construían el andamiaje técnico y documental para dar apariencia de legalidad a ese esquema de tráfico de influencias.

De los alcaldes salientes, sólo Perfecto González siguió como servidor público, ahora ocupando un cargo en la Coordinación Regional de Sedeshu.

2015-2018: sigue la fiebre del dinero

En 2016, Kore mantendría el paso ascendente. En  Xichú,  ya con el entonces alcalde Eloy Leal  recibe  dos obras  y en Atarjea, un igual número. Pero ese año, en Santa Catarina facturó el monto más alto: 4 millones 519  mil pesos, para construir la segunda etapa de la planta de tratamiento.  Según las fechas de inicio y término de las obras, todas se realizaron casi simultáneamente entre los meses de septiembre a diciembre.

Para 2017, en Xichú, se le adjudicaron cuatro obras: construcción de una calle, pavimentación de otra, construcción de un techo y sanitarios. Todas, otra vez,  realizadas casi en las mismas fechas y en localidades de difícil acceso  y situadas en puntos extremos. Para 2018, ahí también le volvieron a adjudicar otros cuatro contratos, por un monto de casi 6 millones de pesos.

El monto del negocio

La revisión de  documentación obtenida vía las Unidades de Transparencia, y fechada entre 2013 y 2018, arrojan el dato de  que   el ex alcalde  Rigoberto Hurtado,  que hace un lustro nada sabía de construcción,  en el lapso de cinco años recibió 31 contratos municipales: 28 de ellos por adjudicación directa. Ya  sumados facturó,  tan sólo en los tres municipios,  28 millones 583  mil pesos (el 59 % de ese monto, 16 millones 858 mil, lo cobró en  la tesorería de Xichú, gracias a su alianza y contubernio con Perfecto González).

Pero en ese lapso, también la Secretaría de Obra Pública de Gobierno del Estado le otorgó nueve contratos por 12 millones  537 mil pesos. Lo que arroja un total facturado de: 41 millones 120 mil pesos.

El manto protector de Miguel Márquez

La anuencia que se dio a esa red de intereses locales por parte del  gobierno encabezado por Miguel Márquez, no sólo se tradujo en las obras asignadas a través de las administraciones de Xichú, Atarjea y Santa Catarina, sino que el propio gobierno estatal a través de la Secretaría de Obra Pública, entre 2014 y 2018, le otorgó a Kore Kaminos del Noreste 9 contratos  en  5 municipios de la región (6 de ellos en la modalidad de adjudicación directa): 3 en San Luís de la Paz, 3 en Santa Catarina, 1 en victoria, 1 en Tierra Blanca, y 1 en San José Iturbide, por un monto total de12 millones  537 mil pesos.

Según información que registran los contratos, habría llevado a cabo obras como rehabilitación de caminos,  de una cancha, de una  nave de empleo,  construcción de  un puente peatonal, pavimentación  de  una calle,  y al mismo tiempo, también  realizaba  múltiples obras en comunidades alejadas de sierra adentro.

 Sólo una empresa con gran versatilidad e infraestructura, podría haber realizado una actividad tan intensa y diversificada como la que se consigna oficialmente  en los contratos y documentos.

 

Impunidad sin límites…

Los involucrados en este negocio tuvieron un manejo y control absoluto del poder político municipal, incluidos los órganos de control interno locales, y las direcciones de obra pública, por lo que seguramente definieron costos y materiales a su libre albedrío y la supervisión estuvo en manos de sus propios allegados. Ante eso, nada garantiza que esas 31 obras adjudicadas a la empresa del ex alcalde de Atarjea, tanto de las que se ocupó él directamente, como aquellas en que sirvió de prestanombres, hayan sido realizadas con los estándares de calidad requeridos.

 Tan solo en un breve recorrido por la zona, Correo pudo conocer el testimonio de un beneficiario de baño biodigestor que al poco tiempo de que fue instalado tuvo fallas, debido a la dudosa calidad de algunas piezas.

Pero también, se pudo documentar el caso de una obra completa plagada de irregularidades.  Mediante contrato firmado el 14 de noviembre 2014, por un monto de 620 mil pesos, se otorgó a Kore Caminos del Noreste los trabajos de: “Rehabilitación de sistema de agua potable”, en la comunidad Puerto del Ocote, de Xichú.

Pobladores del lugar relataron, que ya instalada la infraestructura, al parecer la bomba presentó fallas porque requería un mayor voltaje, y aunque la situación no se resolvió, cuentan que los convocaron a una asamblea, a la que acudió personal de la administración entonces encabezada por el alcalde Perfecto González. Las autoridades querían que firmaran un documento donde testificaran de recibida la obra. Sin embargo, la comunidad se negó, porque no les pareció pertinente recibir los trabajos en esas condiciones.

Todavía a la fecha siguen sin entender, por qué invirtieron tanto dinero en instalar tuberías y hacer construcciones, si el agua nunca llegó a las casas.

Cinco años después, toda esa infraestructura está en el abandono, y el problema del agua sigue sin resolverse.

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