Redacción

Colima.- Con mayoría de votos Colima se ha convertido en el sexto estado en México en despenalizar la interrupción voluntaria del embarazo hasta las primeras 12 semanas de gestación, además de eliminar el límite de tres meses para abortar en caso de violación o de inseminación artificial no consentida.

Con 14 votos a favor, cinco en contra y cuatro abstenciones, el Congreso local acordó estas reformas que vienen a reforzar la no criminalización a mujeres o personas gestantes cuya vida o salud esté en riesgo o por alteraciones graves al producto.

El estado es el sexto en permitir el aborto voluntario en México, además que se suma a los otros tres que lo acordaron este mismo año, es decir: Baja California, Hidalgo y Veracruz.

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Junto a esto, se eliminaron las sanciones al personal de salud que practique los abortos consentidos en este periodo de tiempo, y se admiten como causales cuando una autoridad niegue el aborto a una mujer previo a las 12 semanas de gestación, y cuando el personal de salud hubiese omitido informar a la mujer sobre su derecho a la interrupción del embarazo en ese plazo.

Estas últimas consideraciones juegan un papel importante en los estados que permiten la ILE puesto que toma en cuenta circunstancias que imposibilitan que la persona acceda al servicio o la información para abortar, dijo Fernanda Díaz de León Ballesteros, coordinadora de incidencia en la organización Ipas Centroamérica y México.

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La iniciativa, que fue presentada por la bancada de Morena, contempla también que el delito de aborto forzado sea penado con entre tres y 15 años de prisión, además de multa; también modifica la Ley de Salud estatal para contemplar la atención a la salud sexual, reproductiva y de planificación como prioritaria y garantizar la interrupción del embarazo ante la objeción de conciencia de personal médico. Esto último significa que las instituciones de salud tendrán la obligación de garantizar el servicio, aún cuando respete la objeción de conciencia de las y los profesionales.

Díaz de León remarcó que estas reformas necesitan ir de la mano con voluntad política y políticas públicas que asignen los recursos y se realicen las capacitaciones necesarias para garantizar que el derecho al aborto no se limite a una Ley.

LC