Nayeli García

Irapuato.- Representantes de 13 colectivos de búsqueda de personas desaparecidas se reunieron con la secretaria de Gobierno, Libia Denisse García Muñoz en donde pidieron endurecer las penas a los agresores de buscadoras y activistas, retomar las mesas de identificación e integrar un protocolo que realmente garantice la seguridad de los familiares de desaparecidos.

Mientras que en el Congreso del Estado la mayoría de los diputados del grupo parlamentario del PAN y de Movimiento Ciudadano archivaron la iniciativa para proteger a los familiares de los desaparecidos, en Irapuato, se llevó a cabo la reunión en donde se prometió apoyo y abertura para atender el tema; sin embargo, el protocolo presentado por las autoridades no fue suficiente.

“Entre los protocolos de seguridad se encuentra realizar rondines continuos en las casas de las familias de desaparecidos, colocar cámaras de vigilancia, botones de pánico y otras acciones que brindarían un poco más de seguridad”, señaló Norma Patricia  Barrón, del colectivo ‘Una luz en el camino’.

“Sabemos que muchas víctimas no quieren poner denuncia y no quieren problemas; que se les brinde seguridad, es un tema que dijo que se evaluaría y quedaría a revisión”, señaló Bibiana y comentó que durante la revisión se hizo evidente que existe un patrón de hostigamiento y amenaza para los familiares de los desaparecidos, dentro de cada uno de sus contextos.

Norma Patricia Barrón agregó que también se hicieron peticiones a nivel legislativo, en donde uno de los puntos primordiales es el agravar en el Código Penal estatal las agresiones a defensores de Derechos Humanos, que quiénes sufren algún atentado causado por los agresores de sus familiares desaparecidos, tengan un castigo mayor.

Testigos protegidos

También se pidió incluir la figura del ‘testigo protegido’, en donde los datos de los declarantes sean reservados y se le dé una protección, ya que también señaló que existe gente de los grupos delincuenciales dentro de la administración y se tiene miedo a denunciar y declarar.

“Básicamente muchas de las personas sabemos que los hechos no se denuncian por miedo, porque no existe esa protección desde la víctima hasta los testigos, y yo creo que es un tema muy importante que desde el gobierno de Guanajuato se debe de impulsar para atender las situaciones de amenazas e intimidaciones (…) como es el caso de Javier Barajas, quién desafortunadamente falleció por la causa y fue una víctima colateral”, expuso.

LC