La semana pasada se dio conocer el caso de 31 científicos y académicos que fueron funcionarios del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) en la administración pasada, los cuales fueron acusados por la Fiscalía General de la República (FGR) de diversos delitos, entre ellos utilizar recurso de procedencia ilícita y de delincuencia organizada, y la negativa, en dos ocasiones, para conceder la orden de aprehensión por parte de un juez federal.

Es de destacar el rechazo generalizado de la comunidad científica por estas acciones, tanto de la FGR, como del Conacyt, señalándole como una venganza personal, persecución y amedrentamiento hacia quienes se dedican a la investigación científica y tecnológica, destacando la realizada por el rector de la UNAM, Enrique Graue.

Se ha ventilado públicamente los esquemas utilizados en gobiernos anteriores para apoyar presupuestalmente proyectos científicos a través del denominado Foro Consultivo Científico y Tecnológico, A.C. instrumento contemplado en la Ley de Ciencia y Tecnología, mismo que no fue respaldado en la presente administración, además de cuestionar jurídicamente por la Dirección del Conacyt; asunto que llegó a la máxima instancia jurisdiccional, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la cual avaló que el actual gobierno podía recortar o eliminar esos fondos, y lo más importante para el presente asunto, determinó que los esquemas bajo los cuales operaba ese Foro era correcto y legal.

Si bien se realizaron reformas para cambiar esos mecanismos y es válido que se tenga una visión distinta de apoyar y financiar la investigación científica y tecnológica en el presente régimen a partir de 2018, es cuestionable que se insista tanto sobre las acusaciones contra este grupo de académicos y científicos, pues la FGR ya dijo que prepara una tercera petición para verlos en la cárcel de máxima seguridad del Altiplano, por las graves acusaciones que les imputa.

Independientemente de que se realizan o realizaron investigaciones sobre presuntas irregularidades que probablemente se cometieron, y que, si las hubo, con pruebas fehacientes, se actúe en consecuencia, pero de eso a que son un cártel delincuencial, similar a los que pululan en el país para traficar drogas, personas, secuestro y otros delitos de alto impacto, que tienen asoladas diversas regiones del país, hay un enorme trecho.

La directora del Conacyt se ha deslindado de la acusación contra los científicos diciendo que no sabe nada de la misma, aún y cuando la denuncia la presentó su apoderada legal. Por otra parte, esta institución difundió un comunicado achacando la responsabilidad del asunto a los medios de comunicación y a las redes sociales. Ambas situaciones no se sostienen y son un despropósito.

La procuración de justicia es una función de primer orden para el buen  desarrollo del Estado, tan es así que los últimos años se han hecho reformas para darles autonomía constitucional a las antiguas procuradurías de justicia, tanto de la Federación como de los estados de la República, para que ya no dependan, al menos formalmente, de los respectivos poderes ejecutivos, y que tengan los recursos suficientes, pero sobre todo la necesaria independencia del poder político, para realizar sus importantes responsabilidades con capacidad jurídica, técnica y científica (vaya paradoja, pero se tiene que utilizar la ciencia para la investigación criminal).

Por esa razón llama la atención la insistencia de la FGR, después de dos rechazos de un juez federal para otorgar órdenes de aprehensión y la resolución de la SCJN de que lo que se hizo fue legal.

Gira en el ambiente la pretensión del fiscal general Alejandro Gertz Manero de incorporarse como miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SIN), la cual fue criticada severamente por la comunidad científica, al señalar que no tiene las prendas académicas necesarias para ello. Sin embargo, esa distinción se le otorgó hasta con nivel III, el máximo que concede el SIN, sistema administrado por el Conacyt. El resultado también fue cuestionado, incluso se difundió por el escritor Guillermo Sheridan que el trabajo que presentó el fiscal Gertz, para lograr ese cometido, fue un plagio. Acusación tan grave no ha merecido ningún desmentido ni aclaración del fiscal, como tampoco del Conacyt.

Si se llegara a demostrar, aunque sea como presunción, de la utilización facciosa de la importantísima responsabilidad que tiene la FGR para una venganza personal, sería gravísimo, y por bien de la institución y de la sociedad, esa situación se tendrá que aclarar puntualmente, no se puede dejar pasar como si no ocurriera nada.

Por otra parte, en una época donde se ha puesto en duda la necesaria separación de poderes de nuestra precaria democracia, es de destacar la actuación del Poder Judicial negando las órdenes de aprehensión solicitadas. Esperemos que esa posición se mantenga, ante la anunciada tercera petición, si no ofrecen evidencias y argumentos suficientes para que se concedan, pero sobre todo resistan las presiones que seguramente han tenido y seguirán teniendo. De eso trata justamente la división de poderes en una democracia.

Esta historia no termina, por lo que estaremos atentos a los siguientes capítulos.