Fernando Velázquez

Guanajuato.- El secretario de la Comisión de Salud en la Cámara de Diputados, Éctor Jaime Ramírez Barba, informó que el grupo parlamentario del PAN busca que se respete el derecho a la objeción de conciencia del personal médico y de enfermería, pero sin que ello contravenga el derecho a la salud.

Para ello, refirió el pasado jueves presentó una iniciativa de reforma a la Ley General de Salud con la finalidad de que se obligue a las instituciones sanitarias a contar con personal suficiente que no sea objetor.

“Con esta reforma que estamos proponiendo estamos obligando a que la autoridad prevea que haya funcionarios de salud no objetores y con esto estamos dejando en salvaguarda el derecho a la salud y el derecho a la libertad de conciencia que otorga la Constitución”, dijo.

Explicó que la reforma planteada por el PAN también establece que la objeción de conciencia solo puede ser invocada por personas, no por instituciones, además de que no puede aplicarse en caso de que esté en riesgo la vida del paciente, sea una urgencia médica o e produzca un grave daño a la salud.

Además, todas las instituciones deben asegurarse de contar con suficiente personal médico y de enfermería no objetor, y en caso de que en un momento determinado no se tenga, entonces tendrán que trasladar a la persona a un hospital o unidad médica donde sí puedan realizarle el procedimiento sanitario.

Ramírez Barba aclaró que este tema no solo se relaciona con el aborto, también procede en casos de investigaciones con células madres o la eutanasia, aunque este último está prohibido en México.

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La SCJN lo invalida

El pasado 20 de septiembre, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió con mayoría de votos la invalidez del artículo 10 Bis de la Ley General de Salud (LGS), sobre objeción de conciencia, al considerar que su redacción es deficiente y permite abusos en su invocación por parte de personal médico.

Esta decisión se da una semana después de que la misma Corte reconociera como constitucional el derecho a la objeción de conciencia médica. Sin embargo, esto de forma individual y con la obligación de que el Estado garantice la protección de la salud de los pacientes, incluso por aborto.