Agencias

Bolivia.- Un total de tres mil 180 presos —dos mil 781 hombres y 399 mujeres— se beneficiarán en Bolivia con el ‘Decreto Supremo 4461 de Amnistía e Indulto por Razones Humanitarias y Perseguidos Políticos’, informó este miércoles el viceministro de Justicia y Derechos Fundamentales, César Siles.

Siles, en declaraciones a Bolivia TV, dijo que la normativa aprobada el pasado viernes por la Asamblea Legislativa Plurinacional favorecerá a “perseguidos políticos” y “víctimas de la retardación de la justicia”.

De igual manera, se buscará el beneficio de embarazadas, personas de la tercera edad, presos con enfermedades crónicas o en estado terminal, y progenitores o tutores con hijos menores de 12 años o con algún grado de discapacidad.

El Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional informó que, entre otros, se beneficiará a “personas con sentencia por procesos iniciados por la persecución política del periodo de facto (de Jeanine Áñez) desde el 21 de octubre de 2019 hasta el 17 de octubre de 2020″.

Asimismo, la institución indicó que no se beneficiarán de la amnistía ni del indulto las personas que “hayan sido sentenciadas a pena privativa de libertad de más de 10 años, autores de genocidio, asesinato, parricidio, feminicidio, infanticidio, homicidio, trata de personas, tráfico de personas, robo agravado, secuestro, contrabando, tenencia ilegal de armas y delitos financieros”.

La medida tampoco favorecerá a “los autores de delitos de homicidios o lesiones gravísimas en accidentes de tránsito ni responsables de delitos contra la libertad sexual”, así como aquellos que cometieron delitos cuyas víctimas fueron niñas, adolescentes o personas con discapacidad”.

Descongestionar las cárceles

Según el Ministerio de Justicia, la medida tiene como finalidad “resguardar la vida, la salud y la integridad de las personas, por el incremento de contagios de Covid-19 y ante el hacinamiento de los centros penitenciarios del país”.

La institución precisa que las cárceles de Bolivia cuentan con una capacidad para albergar a seis mil 765 privados de libertad; no obstante, actualmente hay 17 mil 863 personas en esas instalaciones, por lo que existe un 167% de hacinamiento.

En el área urbana, el hacinamiento en las cárceles llega a 189%, detalla la cartera de Justicia; mientras que en la zona rural es de 86%.

Asimismo, la institución indica que responden a organismos internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que recomiendan a los Estados a reducir el hacinamiento por la emergencia sanitaria ante el coronavirus. Recuerdan que en abril del 2020, durante el gobierno de facto de Áñez, se promulgó el Decreto Presidencial 4226, pero este solo alcanzó a 382 personas. 

ndr