Óscar Jiménez

León.- En 2020, Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) liberó 762 créditos en Guanajuato debido a que esos derechohabientes fallecieron.

Se trata de la cifra más alta registrada en las bases de información del instituto en los últimos 10 años, y lo que en promedio correspondió a dos créditos cancelados por día en el estado de Guanajuato.

Sin embargo, este registro ha ido al alza en los últimos años, pues previamente en 2019 se habían liberado 626 créditos y en 2018, un total de 578.

Esta situación se dio en el marco de la pandemia por coronavirus, donde hasta el corte del 31 de diciembre de 2020, la Secretaría de Salud de Guanajuato registró el fallecimiento de 5 mil 642 personas a causa de la enfermedad en los diversos municipios del estado.

De igual forma, las actas de defunción del Registro Civil de Guanajuato registraron 51 mil 908 muertes en el estado de Guanajuato el año pasado, por todas las causas incluidas, un incremento del 49 por ciento en referencia al 2019, tal como lo dio a conocer Correo el pasado 20 de enero.

De acuerdo a los mecanismos del Infonavit, para llevar a cabo los casos de liberación por defunción, las personas se atienden por medio del sistema Infonatel (vía telefónica) desde donde se empieza un proceso de requerimiento de papeleo, aunque cabe señalar que no son considerados y especificados los factores de la muerte, como podría ser a causa de covid-19.

“El motivo del deceso no es un criterio que se registre dentro de las bases de datos institucionales, ya que no es necesario para operación del instituto y del ejercicio de sus facultades y responsabilidades”, se dio a conocer mediante una solicitud de información acerca del proceso para liberar los créditos.

¿Qué dice la ley?

De acuerdo al artículo 51 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, los créditos otorgados por el instituto quedan cubiertos por un seguro que respalda los casos de incapacidad total permanente y de muerte; “Que libere al trabajador o a sus beneficiarios de las obligaciones, gravámenes o limitaciones de dominio a favor del Instituto derivados de esos créditos”. Previamente, los trabajadores tienen la voluntad de señalar a los beneficiarios en el proceso, tal como se especifica con los procesos de los artículos 40 y 42 de la misma ley nacional.