Lourdes Vázquez

Guanajuato.- Presuntos actos de corrupción y nepotismo revelaron el informe de resultados de la revisión practicada a la cuenta pública del Poder Judicial del Estado durante el 2019.

Así lo señaló la diputada de Morena, Magdalena Rosales Cruz, durante la discusión y aprobación del dictamen emitido por la Comisión de Hacienda y Fiscalización en la sesión del pleno del Congreso local.

Dijo que en dicha revisión realizada por la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato (ASEG) se encontraron varios hechos preocupantes.

Señaló al menos 21 servidores públicos del Poder Judicial que tienen un vínculo matrimonial o de parentesco dentro del segundo grado y que se encuentran adscritos a un mismo órgano jurisdiccional o dependencia administrativa, aún cuando su normatividad lo prohíbe.

Además, que la entonces magistrada presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Claudia Barrera Rangel, no se abstuvo de votar a favor del nombramiento de la coordinadora de Apoyo Regional en la zona Celaya pese a que tenía impedimento legal para hacerlo al tener un parentesco con ella; de acuerdo con el portal del Poder Judicial la coordinadora de esa instancia es Rocio Cordero Barrera.

Otro de los hallazgos fue que el Consejo del Poder Judicial acordó nombrar como oficial judicial A con carácter definitivo a una persona que no tiene siquiera la competencia de educación requerida, al solo acreditar tener bachillerato trunco.

Y que se autorizaron más de 133 mil pesos que debían ser destinados a la realización de obras en San Luis de la Paz, no obstante, no se acreditó su ejecución, por lo que se presume una desaparición de ese recurso.

“El dictamen que se aprueba, sin embargo, muestra una deficiencia más pero de carácter legislativo, envía el propio Consejo del Poder Judicial implicado en algunos de estos hechos el compromiso de iniciar las acciones conducentes por la existencia de estas presuntas responsabilidades administrativas”.

Por ello Magdalena Rosales dijo que ante esta situación se debe poner sobre la mesa la necesidad de implementar medidas legislativas para prevenir y sancionar irregularidades “como el nepotismo al interior del Poder Judicial en el Estado de Guanajuato”.

El dictamen fue aprobado por unanimidad.

Un tema conocido en lo federal

En julio de 2017, un estudio entregado al Consejo de la Judicatura y a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desnudó el nepotismo imperante en el Poder Judicial de la Federación.

Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad hicieron eco del estudio al sustentar cómo hijos, parejas, papás, sobrinos, tíos, cuñados y hasta suegras de al menos 500 jueces y magistrados ocupaban plazas en tribunales y juzgados de su adscripción o de otros.

En el reporte se enlistaron los datos de 112 jueces y magistrados que habrían utilizado sus facultades para conseguir empleo a su esposa o pareja, 180 a sus hijos, 136 a sus hermanos y 27 a sus papás.

El estudio revela que hay, además, otros 7 mil 148 servidores públicos del Poder Judicial que compartían y comparten espacio laboral con sus parientes.

En lo que toca a Guanajuato, se documentó el caso del circuito décimo sexto, en donde el informe reveló que 38 de 46 titulares tienen familiares, lo que equivale al 82.61 por ciento. Incluso, un magistrado tenía a su pareja como Secretaria del Tribunal, además de emplear a dos hijos como oficiales administrativos.

El informe indicó que de 1 mil 214 servidores públicos adscritos a dicho circuito, 438 tienen parientes.