Con base en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la seguridad pública es una función del Estado a cargo de la Federación, las entidades federativas y los Municipios. Y comprende la prevención, investigación y persecución de los delitos, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que la Carta Magna mandata.

Durante el 2020, el estado de Guanajuato llegó a 4 mil 470 asesinatos, 927 más que en 2019, cuando el total fue 3 mil 540; un incremento de 25 por ciento. Los datos en el rubro de los homicidios dolosos en Guanajuato revelan que las estrategias que tanto anuncian Federación y la entidad federativa, después de dos años de aplicación, necesitan ajustes como del material humano que los desplieguen para obtener los mejores resultados posibles. Hasta el cierre de la primera quincena de enero de 2021, lo relacionado con provisión de seguridad pública se ha obnubilado con la pandemia.

Si las autoridades ya tienen los totales de la criminalidad, saben de las causas que producen ese grave problema y la aplicación de los planes (la estrategia) para encarar la inseguridad… ¿qué les ha impedido tomar la decisión a fin de imponer la paz?

Durante la semana que feneció, el atentado donde perdió la vida el diputado local del PAN, Juan Antonio Acosta Cano, convidó el momento de reflexión a la clase política de la entidad respecto de lo que sigue, en especial de su resguardo, cuando se entendió que las “extensiones impuestas” por el crimen organizado los alcanzó, sin la garantía que la inseguridad sea superada pronto.

La respuesta compensatoria del gobernador Diego Sinhue Rodríguez la sacó de la libreta de apuntes, desveló el abatimiento en Manuel Doblado a mediados del mes de diciembre, de “El Diablo”, jefe de plaza del CJNG, por personal de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado. Agregó el viernes 15: “no vamos a permitir que ninguno se meta con la autoridad, vamos a dar la pelea”. Utilizó una figura ideológica-política para apuntalar su expresión: apoyar a los municipios y los policías que se mantengan del lado de la ciudanía, “por la derecha”; pero mostrará la dureza a aquellos que estén “por la izquierda”, quienes piensen que “por ganarse un peso, claudiquen”, en la lucha contra la delincuencia.

La Federación aprovechó la coyuntura para sostener que la violencia en Guanajuato es “la consecuencia de la profunda descomposición social” que se fue gestando por años. Se abandonó la atención a la gente, el bienestar del pueblo y se permitió la creación y desarrollo de grupos dedicados a la delincuencia”. Lamentó la aparición de las fosas con cadáveres que en su mayor parte son de jóvenes y el asesinato del legislador local panista, que cosificó como la expresión de la violencia desatada en la entidad.

A pesar de las condenas como del interés de los gobiernos federal y estatal de que la Fiscalía General del Estado -cuyo el titular es Carlos Zamarripa Aguirre- se encargue de la investigación del caso, que es su responsabilidad, los secretarios de seguridad: federal, Rosa Icela Rodríguez y estatal, Alvar Cabeza de Vaca, todavía no han salido ante la sociedad para ofrecer un diagnóstico de la inseguridad en el territorio guanajuatense; pero sobre todo, cómo van a enfrentar el problema, el trabajo conjunto para la respuesta inmediata pues son los responsables directos, secretarios del ramo, de acuerdo a la norma.

Hasta el momento, desde Palacio Nacional hasta Palacio de Gobierno de Paseo de la Presa en Guanajuato capital, vienen multiplicando sus opiniones y cosificaciones a fondo del grave problema envejecido; pero las fuerzas de seguridad pública y las otras secretarías, todavía no se han desplegado para la conquista de las plazas que, se infiere, podrían estar “controladas” por el crimen organizado. Se tiene personal de los cuerpos de seguridad de los tres órdenes, aunque los resultados no son los esperados; los asesinatos en 2021 continúan como el año pasado.

El próximo 20 de enero, a mitad de la semana, con la toma de posesión del nuevo presidente de Estados Unidos, Joe Biden, indudablemente que vendrán políticas en materia de seguridad que estarán aplicándose de inmediato, para tratar de “superar” lo hecho por el presidente saliente. Será una gran coyuntura para la administración del presidente Andrés Manuel López y los mandatarios de las entidades. Diego Sinhue Rodríguez tendrá la oportunidad para una negociación que le permita definir con la Federación una estrategia que sustituya “la fallida”, y un desarrollo con más capacidades de respuestas.

Las elecciones son responsabilidad de la Federación y de las entidades, aunque los organismos autónomos, INE-IEEG, son los encargados de llevarlas a cabo. Por ello, los gobiernos deberán tener la cancha debidamente arreglada y cuidada. En el estado el proceso lleva cuatro meses, sin que las diversas instancias responsables de la seguridad hablen del asunto con partidos y aspirantes; no olvidar que el diputado panista asesinado era precandidato a la alcaldía de Juventino Rosas. Actuar a la mera hora “es reaccionar sin planes”.

Durante el 2020, el estado de Guanajuato llegó a 4 mil 470 asesinatos, 927 más que en 2019, cuando el total fue 3 mil 540; un incremento de 25 por ciento. Los datos en el rubro de los homicidios dolosos en Guanajuato revelan que las estrategias que tanto anuncian Federación y la entidad federativa, después de dos años de aplicación, necesitan ajustes como del material humano que los desplieguen para obtener los mejores resultados posibles. Hasta el cierre de la primera quincena de enero de 2021, lo relacionado con provisión de seguridad pública se ha obnubilado con la pandemia.

Los totales de asesinatos han definido que la “guerra sin cuartel” entre los grupos delincuenciales por los territorios se están originando en las ciudades del corredor industrial: León, Irapuato, Salamanca y Celaya.

Tampoco se soslayan las fosas clandestinas con cadáveres descubiertos en los municipios de Salvatierra, Cortazar, Acámbaro, Irapuato y otros. Karla Quintana, titular de Comisión Nacional de Búsqueda de Personas se encargó de hacer la especie de evaluación y precisó que en la localización de los primeros 59 cuerpos en Salvatierra era el más grande hallazgo de restos humanos registrados en el estado de Guanajuato.

Se tienen los referentes, aislados y no estudiados, para llevar a cabo una investigación del por qué en Irapuato y Salamanca bajaron un poco los totales de asesinatos en el 2020, aunque en La Fresera se cometió la masacre más grande en territorio mexicano: 28 jóvenes asesinados en el Anexo en donde se rehabilitaban, en la comunidad de Arandas.

Este escenario, con las condiciones que impone la criminalidad, presenta los datos básicos para la restructuración de una estrategia que contemple desde prevención hasta la consolidación del terreno en las plazas conquistadas, pasando por la manera de aplicar los operativos y cantidad de personal de las diversas fuerzas en cada región, municipio o zona reducida.

Es fundamental hacer “crecer” las fuerzas policiacas que se tienen, las estatales y municipales, correspondiendo al total de personal que precisan los organismos internacionales y la capacitación con mandos profesionales.