Lourdes Vázquez

Guanajuato.- Por mayoría de votos, el Congreso del Estado aprobó por separado, tres auditorias practicas al programa de seguridad Escudo, así como a los recursos de la Fiscalía General del Estado del año 2019 y a la cuenta pública del Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato correspondiente al año pasado; las cuales fueron criticadas por las fracciones del PVEM y Morena al calificarlas como deficientes.

Por lo que respecta a la auditoría practicada al programa Escudo, Vanessa Sánchez Cordero, dijo que el informe de la Auditoria Superior del Estado, no es más que un cúmulo de fundamentaciones legales que justifican y explican las competencias de la instancia y del cual no se desprenden observaciones o recomendaciones, lo que calificó como una situación absurda.

Dijo que resulta insuficiente el alcance y resultados arrojados, los cuales resultan lamentables luego de que diversas fuerzas políticas y los guanajuatenses han exigido que se transparente el uso y resultados del ejercicio de más de 2 mil 727 millones de pesos erogados para dicho programa de seguridad; más aún cuando el gobernador Diego Sinhué Rodríguez Vallejo dijo al inicio de su gestión dijo que “la era del programa Escudo había acabado en Guanajuato”. 

“Se nos presenta un informe de resultados que contiene la menor información posible y únicamente se determina que hay cumplimiento sin darnos los elementos y la certeza de que es así (…) la opacidad ha sido la constante en el tema del programa Escudo desde la firma del contrato el 21 de diciembre de 2012 con la empresa Seguritech Integral Security”.

“A la ASEG, le tembló la mano”

En los mismos términos se refirió la diputada de Morena, Magdalena Rosales a la auditoría practicada a la cuenta pública 2019 de la Fiscalía General del Estado, al señalar que la ASEG solo determinó que la FGE cumplió con las disposiciones normativas aplicables, lo cual dijo resulta absurdo.

Dijo que a la ASEG le tembló la mano para hacer alguna observación a la Fiscalía, ello a pesar de que se detectaron empresas con operaciones simuladas entre otras presuntas irregularidades.

Detalló que en el informe se advierte que del recurso destinado a ayudas sociales a personas cuyo saldo asciende a 31 millones 745 mil pesos, apenas se revisaron 191 mil, es decir, el 0.6%. Mientras que de los cargos realizados por casi 42 millones de pesos para la adquisición de activos no circulantes como cámaras fotográficas solo se revisó el 0.2% que representan 75 mil pesos.

Y acusó que en la revisión práctica a penas se incluyó el 31% del pasivo del arrendamiento de edificios y el 35% del pasivo de la cuenta de servicios de capacitación.

Auditorias son deficientes

Finalmente, el diputado de Morena, Enrique Martínez Alba manifestó que las 34 observaciones realizadas a la cuenta pública del 2019 del Poder Ejecutivo resultan pocas en comparación con las observaciones encontradas en el 2018 cuando se contabilizaron 47, así como 52 en el año 2017 y 69 en el 2016.

“Este problema puede entenderse mejor cuando se revisó el alcance de la auditoría y se hallan cuentas que, en principio, deberían revisarse al 100% por su riesgo, materialidad e importancia social”.

Dijo que el impacto económico del total de las irregularidades detectadas fue apenas de 21 millones 520 mil pesos, cantidad que resulta baja sobre todo cuando se le compara con las recuperaciones de 214 millones 627 mil pesos que determinó la Auditoría Superior de la Federación “respecto al mal uso que el gobierno del estado de Guanajuato realizó del presupuesto enviado por la federación a la entidad en el mismo periodo”.

Finalmente dijo que dicha auditoría realizada por la ASEG no se encuentra a la altura del combate a la corrupción que el estado de Guanajuato demanda.

MD