Lourdes Vázquez

Guanajuato.- Mientras que la Fiscalía General del Estado (FGE) consideró que es necesario que se incluya el delito de extorsión al Catálogo Nacional de Delitos Graves que ameritan prisión preventiva oficiosa, la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PDHEG) y el Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), manifestaron que esto vulneraría los derechos humanos y la presunción de inocencia.

Lo anterior durante el análisis de una iniciativa de los diputados del PAN para modificar el Artículo 19 de la Constitución Mexicana, que tendría que ser aprobada por el Congreso de la Unión.

El titular de la Fiscalía Especializada Antisecuestros de la FGE, Ricardo Patlán reveló que, en los últimos meses, el delito de extorsión va en aumento y que no representa solo un delito patrimonial, sino que es una preocupación social, pues conlleva afectaciones psicológicas y a la integración social ya que se infunde terror a la ciudadanía. 

Por ello dijo que es viable la propuesta de enviar al Congreso de la Unión la iniciativa del Grupo Parlamentario del PAN para que se incluya el delito de extorsión en el catálogo de delitos graves que requieren prisión preventiva oficiosa. 

“Los ofendidos no quieren dar ninguna información, en el momento de saber que el imputado puede seguir el proceso en libertad, inmediatamente esto los inhibe de brindar cualquier información pues temen por su seguridad al estar estas personas fuera. De inmediato surge el reclamo de ¿quién me va a proteger? Si siguen en libertad, me van a hacer daño”, explicó Ricardo Patlán.

Jesús Oviedo Herrera, coordinador de los diputados del PAN, se sumó a lo dicho por Ricardo Patlán y pidió que se legislara a favor de las víctimas, esto frente al contexto en que se encuentra el estado y el país.  

Finalmente, la presidenta de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, Libia García manifestó que hay una coincidencia en cuanto a que este delito no solo provoca una afectación patrimonial sino que daña profundamente a las víctimas, por lo que propuso que los comentarios hechos a la propuesta sean atendidos en posteriores mesas de trabajo.