1.- Alto en el camino

Jaime Hernández Centeno

Debido a las características de los hechos en que resultó herido con un disparo de arma de fuego este domingo el diputado local Jaime Hernández Centeno, del MC, se podría indicar que su ataque fue para robarle, sin embargo la violencia ejercida en su contra, junto a su familia, en Apaseo el Alto, ni es caso aislado ni se puede negar que fue cuajado por el crimen organizado. Violencia y la impunidad padecida desde hace años.

Es la prueba ineluctable de que en el escenario de inseguridad, ningún sector social está a salvo de los hechos delictivos y ni la tendencia a la baja en la comisión de delitos, que se presume, ofrece la seguridad pública exigida por la norma. Los hechos delictivos que involucran a la clase política estatal, por las razones que sean, revelan una sola suerte, les alcanzó la violencia. Y las ejecuciones de 38 agentes policiacos estatales y municipales, integran un cuadro que supera la imaginación y que exige respuestas urgentes.

No puede haber justificación válida para la violencia anclada en la entidad en todos los órdenes, donde gobierna, Diego Sihue Rodríguez, flanqueado por el secretario Alvar Cabeza de Vaca con el fiscal Carlos Zamarripa. No se pueden soslayar los asesinatos en 2021, diputado local panista, Juan Antonio Acosta y candidata del MC a la alcaldía de Moroleón, Alma Rosa Barragán. Se requiere del SOS.

2.- Primeras movidas en el tablero

Diego Sinhue Rodríguez Vallejo

El cuidadoso lenguaje de los comunicados emitidos tras un primer acercamiento entre la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), por un lado, y Gobierno del Estado, el municipio de León y SAPAL por el otro, hacen evidente el grado de alta tensión entre las partes al buscar soluciones sobre el abasto de agua para la principal ciudad del estado y, sobre todo, le disputa a partir del incumplimiento federal a un acuerdo presidencial en torno a la presa El Zapotillo y un acueducto a León, que para CONAGUA se da por zanjado y para la parte guanajuatense por cumplir.

La reunión celebrada ayer entre el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo y el director general de CONAGUA, Germán Martínez Santoyo, determinó montar dos mesas de análisis, y aquí es donde se observan las posturas de las partes: mientras para la agencia federal la relevancia va hacia buscar fuentes alternas de agua en segundo término y segunda mesa es atender “diferentes aspectos jurídicos y técnicos relacionados con dicho embalse”; para la delegación guanajuatense es al revés: en la primera, analizar la propuesta federal de abasto de agua a León, pero en la segunda, el énfasis: “analizar el proyecto específico del Zapotillo y las implicaciones que tiene la cancelación del proyecto, para no descartar esta obra hidráulica que también beneficiaría a 13 municipios del estado de Jalisco”. Queda claro que el gobernador Rodríguez Vallejo peleará por no dejar ir El Zapotillo, y lo más interesante en su planteamiento estratégico: asumir el liderazgo en defensa de León y 13 municipios jaliscienses, por los que no peleó el mandatario de Jalisco, Enrique Alfaro. Una alianza insospechada en la región.

3.- Purga universitaria

Luis Felipe Guerrero Agripino

Los movimientos y la celeridad con que realiza cambios en su equipo de trabajo el rector general de la Universidad de Guanajuato (UG), Luis Felipe Guerrero Agripino, causan profunda inquietud dentro de La Colmena legendaria. Esta vez tocó el turno a Jorge Romero Hidalgo, removido de la Secretaría de Gestión y Desarrollo, área clave en la administración de los recursos de la UG; su papel ante el rectorado siempre fue el de la mesura y orden. Ahora Guerrero Agripino no tendrá diques, a partir de la confianza que tiene en Salvador Hernández, el sustituto.

El rector también determinó colocar a Olimpo Damián Saldaña Ayala, como responsable de la Unidad de Transparencia de la universidad, en sustitución de Iliana Alejandra Bernardino Cruz, nueva abogada general y de renovada lealtad. Parece diseñar una salida de su gestión sin obstáculos a su voluntad.

La salida de Romero Hidalgo, nos indican en La Colmena, busca desplazarlo de la sucesión de Guerrero Agripino, ya que se le veía como uno de los aspirantes posibles; ruptura con el grupo del exrector Juan Carlos Romero Hicks. Más allá de este escenario, aún resta que el rector confronte a las mujeres universitarias, quienes demandan rotación por género en la rectoría general, enojadas por aquello del acoso y hostigamiento sexual. Hay candidatas.

Valija. El balance

Este martes la diputación priista de la LXIV Legislatura ofrecerá a la sociedad por vía digital, por causa de la pandemia, su tercer y último informe de labores. Balance de la segunda minoría en el Congreso del Estado, donde, desde la desventaja de llegar como segunda minoría, hicieron valer eso de que más sabe el diablo por viejo que por diablo, logrando consensos con la mayoría panista y demás grupos.

Sus dos coordinadores en el trienio, José Huerta Aboytes y Hugo Varela Flores, ambos de colmillo probado, condujeron los trabajos del grupo completado con Celeste Gómez y Guadalupe Guerrero, ofreciendo al menos un par de éxitos legislativos de mayor peso a los obtenidos por los rojos marrón. Con Pepe Huerta: la creación del Observatorio Ciudadano Legislativo y lograr que todo acto irregular de cualquier autoridad que afecte el patrimonio del ciudadano sea reparado al cien por ciento. De Hugo Varela: garantizar el derecho humano de identidad a los migrantes guanajuatenses y legislar el funcionamiento del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Guanajuato.

Javier Pérez Salazar

Desde su nombramiento en diciembre del 2013 hasta su ratificación en 2020, incluso durante la presentación de su Informe en la Comisión de Hacienda del Congreso Local, el encargado de la fiscalización de los recursos públicos en la entidad, ha sido cuestionado porque la instancia carece de autonomía. Para su segundo periodo de siete, se le señaló que esa instancia ha entregado magros resultados. Javier Pérez Salazar, titular de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato (ASEG), comunicó a la Comisión que ha realizado 274 actos de fiscalización, recuperándose 4.16 millones de pesos, con más de 100 recomendaciones y carpetas de investigación abiertas. La oposición cree que lo reintegrado no es suficiente en el ataque frontal a la corrupción. Y Pérez Salazar, cubrirá en el cargo 14 años.

Si el partido hegemónico en el estado tiene interés en acabar con la corrupción, deberá de avivar desde el Congreso Local a la ASEG para corroborar el buen uso del erario y recuperar lo gastado fuera de la norma. La acusación que recibió el ente a cargo de Javier Pérez, desde la oposición, tener “pacto por corrupción que provoca impunidad”, involucra a este órgano con la Fiscalía General del Estado. Una tarea para la LXV legislatura.