‘Alargan’ investigación  por robo de policías

La Secretaría de Seguridad Pública de León aún no cumple con las recomendaciones solicitadas por la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato.

La PDHEG exigió en diversas ocasiones los expedientes del caso pero recibían otras cosas

Jazmín Castro

León.- El director de la Policía Municipal, José Carlos Ramos Ramos, brindó información confusa y sin sustento a la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PDHEG),  luego de que agentes municipales robaran 30 mil pesos a un jornalero el año pasado.

En el expediente de investigación se solicitó información que diera con dos policías involucrados en el robo de 30 mil pesos el 26 de mayo del 2017.

Los hechos se registraron el pasado 26 de mayo del 2017, cuando la víctima se encontraba en la comunidad de La Sandía, dijo que era acompañado por su sobrino ingiriendo bebidas embriagantes cuando llegaron dos agentes de la Policía municipal y al percatarse que cometían una falta administrativa los registraron observando que el afectado portaba dinero en efectivo.

De inmediato los policías le pidieron mil pesos para dejarlos ir, pero accedieron a recibir 300 pesos que entregó el joven que acompañaba al jornalero.

Aseguró que cerca de las 10:00  y 11:00 de la noche, se retiró en su camioneta rumbo a la comunidad de La Arcina donde radicaba temporalmente, pero en el camino lo detuvieron los mismos uniformados, quienes viajaban en la unidad con placas de circulación 08540.

La víctima explicó que nuevamente lo registraron y en la revisión  le sacaron el dinero de su bolsa y le dijeron que se retirara.

Investigación

El afectado acudió a PDHEG para interponer una queja por el robo de su dinero y quedó bajo el expediente 131/17-A, así como al Ministerio Público en la agencia  investigadora 20-UTC06.

El organismo le requirió al director general de Policía, la información del servicio policial en la comunidad de la zona de La Sandía, del día 26  y 27 de mayo, entre las 22:00 y 23:00 horas, además se giraron oficios al presidente Héctor López Santillana y al secretario de Seguridad Pública, Luis Enrique Ramírez Saldaña.

En el expediente de respuesta, el director de la Policía municipal, José Carlos Ramos Ramos, se emitió información confusa y sin sustento, ya que señala a un agente que ese día salió de sus labores a las 8:30 de la noche, y acto que ratificó.

Además se le requirió la información del servicio en La Sandía, del día 26  y 27 de mayo del año pasado,  entre las 22:00 y 23:00 horas, pero informó las bitácoras de los días 25 y 26 de mayo de ese año.

Es por ello que la PDHEG señaló en el artículo 43 la falta de rendición del informe o de la documentación que lo apoye y hará que tenga por ciertos los hechos materia de queja o denuncia, salvo la prueba de lo contrario.

A su vez el artículo 180 refiere “no se atendieron los requerimientos de la Comisión en el sentido de informar sobre la situación planteada, al punto de que dicha Comisión hubo que aplicar la presunción de veracidad de los hechos denunciados por falta de respuesta del gobierno (…)”.

Y que se corrobora con lo establecido por el artículo 38 treinta y ocho, del Reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que alude: “(…) Se presumirán verdaderos los hechos alegados en la petición cuyas partes pertinentes hayan sido transmitidas al Estado en cuestión, si no se suministra información relevante para controvertirlos dentro del plazo fijado por la Comisión (…) siempre que de otros elementos de convicción no resulte una conclusión contraria (…)”.

La recomendación

El pasado 9 de noviembre del 2017, el organismo emitió una recomendación al alcalde de León a efecto de instruir por escrito a quien corresponda, con el propósito de dar inicio al procedimiento disciplinario respectivo, en que se deberá indagar y agotar los medios de prueba que se tenga a su alcance la plena identidad de los servidores públicos que incurrieron en la violación al derecho a la propiedad del quejoso. Fue el pasado 14 de febrero de este año cuando las autoridades aceptaron la recomendación, y continúan con el proceso de cumplimiento.