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Lorenzo Meyer

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La batalla por el pasado

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La batalla por el pasado

Es claro que nada ni nadie puede cambiar lo que ya ocurrió, pero sí se pueden modificar las maneras y sentidos en que en el presente se interpreta y reconstruye lo ocurrido, lo que se ha recibido del pasado. Hoy somos testigos de una fase muy llamativa e interesante de este fenómeno en Estados Unidos, una lucha política por reinterpretar aspectos de lo ocurrido hace más de siglo y medio —la guerra de secesión (1861-1865)— e incluso antes. Algo similar ha ocurrido en otros países con traumas colectivos.

Se ha argumentado repetidas veces que “la historia la escriben los vencedores”. La afirmación es cierta… hasta cierto punto. La historia —esa memoria parcial y selectiva del pasado— la escriben muchos. Obviamente destaca la narrativa de los vencedores, pero los vencidos no necesariamente dejan ese campo libre a sus rivales y a veces, con el paso del tiempo, vuelven a la batalla en sus aspectos simbólicos.

La guerra civil norteamericana, la lucha de los estados del sur (la Confederación) por separarse de los del norte (la Unión) y construir una nueva nación fue terrible —entre 600 mil y 750 mil muertos. Tuvo varias causas; una de ellas fue la oposición en el norte a la persistencia y posible expansión de la “institución peculiar” del sur: la esclavitud; institución que también existió en México pero que fue abolida tras la independencia de España.

La derrota sureña fue total y por un período esa parte de Estados Unidos experimentó lo que es vivir bajo un ejército de ocupación. Sin embargo, cuando las fuerzas del norte se retiraron los blancos sureños estructuraron una forma de vida política, económica y social donde sus antiguos esclavos y sus descendientes siguieron llevando las de perder: la segregación racial. A fines de ese siglo e inicios del siguiente, asociaciones de blancos empezaron a erigir en la antigua Confederación una multitud de estatuas conmemorando las hazañas de los generales sureños más notables —empezando por Robert E. Lee— hasta las de un soldado típico de infantería. Se calcula que se erigieron más de 700 de estos monumentos. Y es que, para una buena parte de los sureños, sus antepasados fueron militarmente vencidos, pero no su espíritu.

La lucha de la minoría afroamericana contra las condiciones históricas de opresión y discriminación que ha padecido ha sido larga, cuesta arriba y siempre llena de incidentes violentos. Un acto de brutalidad policiaca en Minneapolis que cobró la vida de un afroamericano en mayo de este año y que fue difundido por las redes sociales, fue el combustible que avivó un incendió que ya existía. Las manifestaciones multitudinarias a lo largo de semanas se hicieron no sólo contra la brutalidad policiaca sino contra todo el complejo entramado de discriminación de las minorías raciales. Esta movilización derivó, entre otras cosas, en una lucha por la reinterpretación del pasado histórico norteamericano y que ha llevado a remover, destruir o desfigurar estatuas de héroes sureños en Carolina del Norte, Virginia, Alabama o Florida, pero también en Detroit o Nueva Jersey.

Y de esa defenestración no se ha salvado ni Cristóbal Colón ni el conquistador español Juan de Oñate, ya que ambos son símbolos de la destrucción y explotación de las poblaciones originales de América. Lo más revelador fue el ataque o remoción de estatuas o bustos de George Washington, el padre de la patria, por haber sido esclavista o de Ulises Grant, el general norteño que derrotó al sur pero que durante corto tiempo también fue dueño de un esclavo.

En México la guerra de las estatuas también ha tenido lugar, aunque de manera menos espectacular. Para empezar no hay una del conquistador, Hernán Cortés, y la ecuestre de Carlos IV se le tolera por ser obra de Tolsá (1803) y por la belleza del animal que monta el monarca (el modelo fue un caballo mexicano) y se le conoce como “El Caballito”, el monumento a la pierna de Santa Anna fue destruido, el de Miguel Alemán en el campus de la UNAM fue dinamitado y la estatua ecuestre de José López Portillo no duró mucho. En Chiapas, el movimiento indígena se encargó de derribar con un marro la estatua del conquistador Diego de Mazariegos en 1992.

De surgir en nuestro país un movimiento de reinterpretación del pasado similar al que hoy tiene lugar en Estados Unidos, tendría una tarea agotadora: defenestrar algunas estatuas, pero sobre todo sustituir los nombres de calles, avenidas, colonias, viaductos, etc. Y todo ello como parte de la reinterpretación del pasado, que siempre es una forma de encarar los temas problemáticos del presente.

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Con dos semanas de diferencia, la justicia mexicana atrapó a dos “peces gordos”: Emilio Lozoya Austin acusado de lavado de dinero, asociación delictuosa y cohecho y a José Antonio Yépez, “El Marro”, líder del cartel de Santa Rosa de Lima (CSRL), acusado, por lo pronto, de lavado de dinero, pero además de crimen organizado y robo de combustible.

Lozoya y Yépez son personajes contrastantes, pero con algo en común: sus delitos afectaron gravemente a la principal empresa productiva de México: a Petróleos Mexicanos, desde hace siete sexenios pésimamente administrada y sistemáticamente abusada y saqueada por sus administradores y su sindicato. Los daños causados por Lozoya a la empresa fueron por la vía de contratos logrados con sobornos e implicaron sobreprecios de escándalo en beneficio de la brasileña Odebrecht, lo mismo que comprar plantas chatarra a AHMSA o un astillero español quebrado.

En su apogeo, en 2018, se calcula que el robo de combustible a los ductos y refinerías de Pemex ascendió a 66 mmdp. Y el mayor responsable de ese robo fue José Antonio Yépez.

Lozoya y Yépez son el contrapunto de uno de los más grandes problemas nacionales: el robo en gran escala de bienes de la nación. Uno lo hizo como miembro de la “aristocracia política” mexicana y el otro como plebeyo audaz y brutal. Ambos son jóvenes y ambiciosos en extremo, ninguno dudó en usar y comprometer a sus núcleos familiares, donde las lealtades son más fuertes. Ambos cayeron cuando cambió la naturaleza de la cúpula gubernamental y rompió la red de complicidades que les protegía.

Lozoya nació en Chihuahua en el seno de una familia de la élite política y con raíces en ese estado. Yépez es originario de Guanajuato, de San Antonio de los Morales, cerca de Celaya, de Santa Rosa de Lima, pero muy lejos de las élites.

Lozoya cursó dos licenciaturas —economía (ITAM) y derecho (UNAM)— más la maestría en administración pública en Harvard. Sus primeras actividades profesionales fueron en fondos privados de inversión, fue director en Jefe para América Latina en el Foro Económico Mundial y trabajó en los bancos Interamericano y de México para, finalmente, ser parte del equipo de Enrique Peña Nieto y aterrizar en la dirección de Pemex. De Yépez hay pocos datos. Por el vocabulario que empleó en algunos videos puede inferirse que quizá cursó la primaria y no más. También se sabe que a los treinta años ya era un salteador profesional de camiones, que pudo organizar su propio cartel criminal hasta llegar a dominar con gran violencia el mundo ilegal de Guanajuato y que su actividad principal, aunque no única, era el robo en gran escala de combustible.

El gobierno de la 4T está empeñado en una lucha abierta contra la corrupción, pero da la impresión de que el factor clase aún cuenta. A Lozoya se le persiguió por media Europa y pronto se llegó a un arreglo: a cambio de exponer la trama corrupta que afectó a Pemex, se le permitió no pisar la cárcel sino ingresar a un hospital privado por un supuesto padecimiento, declarar desde ahí, no se le imputó el más grave de sus delitos —delincuencia organizada— sino apenas por asociación delictuosa y finalmente quedó bajo arresto domiciliario. En contraste, “El Marro”, que nunca pudo salir del entorno en que nació, fue capturado por el ejército, encerrado en prisión y acusado, él sí, de crimen organizado.

El resultado final de los procesos legales de dos que se ensañaron con Pemex deberá justificar la obvia y, en principio inaceptable, diferenciación —¿discriminación?— en el trato.

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Lorenzo Meyer

El incierto destino de las crisis

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El incierto destino de las crisis

Es lugar común asegurar que las grandes crisis también pueden ser “ventanas de oportunidad”. Sin embargo, y a propósito de la pandemia de Covid-19, Sheri Berman —politóloga de la Universidad de Columbia— advierte que ese potencial transformador puede perderse, (“Crisis only sometimes lead to change. Here’s why”, Foreign Policy Magazine, verano de 2020).

Desde una perspectiva progresista, Berman examina la crisis política europea de 1848 cuando estalló una ola de rechazo al orden establecido por las monarquías conservadoras que habían derrotado a Napoleón. Las revueltas de la época mostraron que en varios países se había acumulado el descontento contra el empeño restaurador del absolutismo. Sin embargo, las divisiones entre los sectores insatisfechos —clases medias liberales, proletariado inspirado por el socialismo y nacionalismos separatistas—, impidieron que los esfuerzos insurgentes pudieran aglutinarse alrededor de un proyecto de reformas con metas comunes mínimas y al final las fuerzas conservadoras prevalecieron.

En el siglo XX, Berman ve al período entre las dos guerras mundiales como otra crisis que pudo haber cambiado al mundo en un sentido progresista pero que, por el contrario, la capitalizó la derecha y desembocó en una catástrofe descomunal. En contraste, a partir de 1945 la Guerra Fría propagó en Occidente variantes del modelo rooseveltiano (el “New Deal”) e impulsó la unificación europea. En los 1970 ese capitalismo keynesiano hizo crisis en el momento en que dos líderes conservadores, Ronald Reagan y Margaret Thatcher, pudieron hacer realidad el corpus de ideas neoliberales ya muy desarrolladas por economistas como los de la escuela de Chicago. El posterior hundimiento de la URSS reafirmó la fuerza de ese proyecto.

Según el planteamiento anterior, la crisis de la economía globalizada de 2007-2009 aunada a los duros efectos económicos y sociales de la pandemia causada por el SARS-CoV-2, más el ambiente de inconformidad generado por las movilizaciones anti racistas en EU y otros países, abren la posibilidad de un nuevo “momento rooseveltiano” que podría desembocar en la superación del neoliberalismo y de su impresionante empeño por disminuir las capacidades del Estado en favor del mercado y en aumentar las desigualdades sociales al concentrar la riqueza de manera brutal: hoy la fortuna personal de Jeff Bezos, de Amazon, sobrepasa los 180 mil millones de dólares, mientras que sus empresas niegan a sus trabajadores el derecho a sindicalizarse y a modificar el ritmo de trabajo despiadado que se les exige.

La tesis de las crisis como oportunidad para el cambio puede ser útil para interpretar no sólo coyunturas mundiales sino nacionales o incluso locales. En el caso mexicano, la tensión acumulada por los cambios cardenistas llevó a una crisis a la que poco le faltó para desembocar en un levantamiento armado (el almazanista). Montada en esa atmósfera, en la coyuntura de la 2ª Guerra Mundial y luego en la Guerra Fría, la derecha demolió el proyecto cardenista. La crisis electoral provocada por el henriquismo de 1952 ya no llevó a ningún cambio significativo y la normalidad autoritaria posterior se mantuvo pese a la crisis de 1968 y la posterior “guerra sucia”. Ambas coyunturas las aprovechó el propio sistema para montar un gran acto de gatopardismo: reformar el subsistema electoral para soltar presión sin modificar la esencia del conjunto.

El fraude electoral de 1988 fue otro momento de crisis que volvió a ser bien aprovechado por la derecha: bajo el liderazgo de Carlos Salinas se abjuró del modelo “nacionalista” de industrialización protegida, se desmanteló mucho del aparato productivo del estado (y en el proceso se dio vuelo la corrupción, como en Rusia), se abrazó con entusiasmo la doctrina neoliberal y la fusión de la economía moderna mexicana con la norteamericana. En el proceso de cambio, el viejo partido de estado —el PRI— debió pagar un precio: una pérdida paulatina pero irreversible de poder y tuvo que cogobernar con su antiguo rival de derecha: el PAN.

Hoy, una izquierda moderada, encabezada por un líder carismático —Andrés Manuel López Obrador— puede aprovechar la crisis local y global del neoliberalismo para impulsar un modelo de sociedad diferente. Y avanzaría más rápido en esa dirección si logra dar forma más acabada a las vías para alcanzar lo que propone como meta: una sociedad más equilibrada, un sistema político con la corrupción bajo control y un Estado capaz de garantizar la impartición de justicia, los servicios de salud universales, la educación pública de calidad, un ingreso mínimo general y poner fin a la inseguridad. La posibilidad existe.

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Lorenzo Meyer

El odio como variable política

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El odio como variable política

En tanto no intervenga el odio como variable, el conflicto político puede administrar desacuerdos sin llegar a considerar al otro como enemigo irreconciliable. El odio es un sentimiento de intensa hostilidad hacia algo o alguien. Y si bien en política esa emoción ha sido fuente de energía, a la larga ha dañado su calidad. La ira simplifica, es maniquea y los grandes problemas sociales son refractarios a soluciones simples.

Generalmente las relaciones de poder entre países, partidos, grupos o individuos son mezcla de conflicto y cooperación. El núcleo duro de la esfera del poder es el choque de intereses y éste puede alcanzar gran intensidad, pero siempre hay posibilidades para la negociación si se mantienen a raya los sentimientos de hostilidad extrema.

Relegar del juego del poder el componente de irracionalidad que suele acompañar a la ira es un obstáculo para arribar a un terreno donde los resultados no sean de suma cero, es decir, que no implique que una de las partes gane todo lo que la otra perdió. Cuando se reconoce algún grado de legitimidad al adversario, se abre la posibilidad de una solución negociada —ceder algo a cambio de asegurar algo— que puede desembocar en una cooperación de conveniencia que administre las diferencias.

El choque político que adquiere el carácter de guerra sin cuartel lleva a que los sentimientos de rabia se conviertan en un factor conspicuo y a que las soluciones negociadas se tornen imposibles o casi. En tales circunstancias domina la polarización y aumentan la tentación de soluciones al margen de la legalidad. Y, sin embargo, son muchos los ejemplos históricos de actores políticos para quienes generar atmósferas dominadas por la irracionalidad de la ira les pareció deseable y racional y muchos pagaron mucho por eso.

Seyward Darby en un artículo de investigación sobre las organizaciones de los “supremacistas blancos” en Estados Unidos y los motivos de sus participantes, comprobó, una vez más, que: “el odio es un cohesionador social [entre quienes lo comparten] —un instrumento de intercambio [entre quienes lo practican]—y que aborrece los vacíos” (The New York Times, 17/07/20). El atractivo de los grupos que nacen al calor del “supremacismo” racial blanco —y que se van en ascenso— consiste en que, no sólo son espacios de camaradería que ofrecen respuestas simples y tajantes a problemas sociales muy complejos, sino que además proporcionan campos de acción contra las fuerzas del cambio.

En el Estados Unidos de hoy, la confrontación política que deriva en manifestaciones multitudinarias que no cesan tiene como eje el añejo problema racial. Darby concluye que el arribo de un afroamericano a la presidencia o la convivencia interracial en las movilizaciones impulsadas por “Black Lifes Matter”, han producido sentimientos esperanzadores y positivos en una mayoría, pero en otros ha incrementado el odio racista. Este proceso norteamericano comparte rasgos con la polarización política que actualmente tiene lugar en México.

En su libro “Exercise of Power” (2020), Robert Gates, exsecretario de defensa de EE. UU. y exdirector de la CIA, considera que imponer los intereses propios sobre los ajenos mediante la fuerza es sólo una manera de mostrar el poder de una nación, que hay otras vías, entre ellas la capacidad de proteger a los ciudadanos más vulnerables y desvalidos (p. 8).

El arribo a la presidencia mexicana de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) con un proyecto de cambio de régimen y bajo el eslogan “Por el bien de todos, primero los pobres”, puso en marcha una reorientación del estilo y ejercicio del poder gubernamental. La reacción de quienes objetiva y subjetivamente se han sentido afectados por el cambio no se hizo esperar y la intensidad de su reacción da idea no tanto de la magnitud efectiva del giro —el proyecto de AMLO no es radical— sino de la magnitud del temor y de la ira despertados entre quienes habían encontrado cómodo, adecuado y, sobre todo, natural, vivir en una sociedad donde el ejercicio del poder había servido para mantener vivas desigualdades de origen secular pero que hoy se consideran inaceptables.

El factor odio ha entrado de lleno en nuestra política como no lo había hecho desde el cardenismo 80 años atrás, y por las mismas razones: por un ejercicio del poder gubernamental que busca disminuir el desbalance en una estructura social fuera de época. Al final del sexenio cardenista las derechas acariciaron ideas golpistas. Es de desear que hoy la institucionalidad y la negociación impulsada desde el poder sean capaces de volver a imponerse sobre las corrientes de odio e irracionalidad.

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