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¿Otro ‘acuerdo de Bucareli’?

Un Misterio Transpacífico

La diplomacia secreta es tan antigua como la diplomacia misma y su esencia consiste en que las negociaciones entre gobiernos no sean conocidas por terceros, que lo mismo pueden ser otros gobiernos que los ciudadanos. Un ejemplo de lo anterior fueron las conferencias que tuvieron lugar entre los representantes de México y Estados Unidos de mayo a agosto de 1923 en una casa de la calle de Bucareli.

El objetivo de las ‘Conferencias de Bucareli’ era acordar los términos para que el gobierno de Washington reconociera al presidente mexicano tras dos años y medio de no hacerlo para obligarle a firmar unas convenciones de reclamaciones y, sobre todo, aceptar una interpretación conservadora de la Constitución de 1917 respecto de la propiedad original del petróleo. Tras meses de negociación, el público mexicano sólo conoció los puntos de acuerdo y que consistieron en una interpretación del artículo 27 en materia de petróleo casi en los términos que Washington exigía. Nunca se supo cómo llegaron las partes a ese resultado. Pues bien, algo similar está ocurriendo hoy con el llamado Tratado Transpacífico (TTP).

El TTP

El TTP es un súper tratado de libre comercio que involucra a doce países que representan el 40% del comercio mundial pero donde sólo dos realmente cuentan: Estados Unidos y Japón. Alrededor de ese par de potencias giraron los negociadores de otras diez economías secundarias: México, Chile, Perú, Australia, Canadá, Malasia, Nueva Zelanda, Singapur, Vietnam y Brunéi. Lo pactado se negoció en secreto a lo largo de diez años según unos, o cinco según otros y por primera vez se supo de ello vía Wikileaks. Como en Bucareli, lo que hoy conoce el público es el resultado de un largo pero desconocido toma y daca. Sigue en el misterio quién pidió y cedió qué, por qué y cómo.

El TTP lo constituyen 30 capítulos que acaban de publicarse (véase el sitio web de la Secretaría de Economía) y que van desde las definiciones hasta reglas de origen, propiedad intelectual, solución de diferencias, trabajo, medio ambiente, comercio transfronterizo o medidas anticorrupción. Estos capítulos deberán ser firmados por los gobiernos y luego ratificados por los congresos pero sin modificaciones.

Análisis

De lo presentado y discutido la semana pasada en un seminario informal en El Colegio de México (el MB) por dos economistas -José Romero y Mauricio de María y Campos- más un documento de Alicia Puyana, economista de FLACSO, se puede concluir lo siguiente.

El origen y motor del TTP es Estados Unidos y su objetivo es imponer, vía ese acuerdo, las reglas del comercio internacional a China. La Dra. Puyana examina el TTP junto con los términos de la Asociación Transatlántica Sobre Comercio e Inversiones (TTIP) -un posible tratado de libre comercio entre Estados Unidos y la Unión Europea- y concluye que se trata de una especie de OTAN económica del siglo XXI. Sin embargo, la OTAN original nació para enfrentar a la URSS y destruirla de ser posible, pero el TTP no busca hacer eso a una China que, según las proyecciones, en quince años su economía más que triplicará el valor de la norteamericana. Lo que Washington pretende es obligar a China a jugar con las reglas diseñadas básicamente por Estados Unidos y Japón: las del TTP.

Acompañamiento

¿Y qué hace México en el TTP? Pareciera que nuestro país va apenas como música y acompañamiento. México ya tiene firmados 12 tratados de libre comercio que involucran a 44 países, entre ellos con Estados Unidos, Canadá y Japón. Sin embargo, es Estados Unidos el único país que realmente importa, pues es el destino del 80% de las exportaciones mexicanas. A Canadá, nuestro segundo gran comprador, apenas le llega el 3% del total, a Japón menos y al resto casi nada. México importa más de lo que exporta y el TTP difícilmente nos permitirá exportar algo significativo a Vietnam pero Vietnam sí podrá competir en México con sus textiles y lo mismo sucederá con Nueva Zelanda en materia de lácteos, etc. Además, el TTP pondrá reglas de origen más laxas que afectarán a fabricantes mexicanos de autopartes y prolongará la vigencia de las patentes de las grandes farmacéuticas en detrimento de los genéricos más baratos y los consumidores pobres. Devaluar en situaciones críticas será muy difícil -Grecia es un ejemplo reciente de lo que eso significa- y los tribunales del TTP podrán obligar a dar marcha atrás a medidas  tomadas por los gobiernos que afecten a las empresas transnacionales. ¿Realmente se tiene que seguir a Estados Unidos en esto?

La Experiencia

El TLCAN que México firmó en 1993 con Estados Unidos y Canadá se anunció como el arranque de un nuevo capítulo en el crecimiento económico y proyecto nacional de México. Y el caso ha sido que el crecimiento promedio anual del PIB mexicano entre 1994 y 2013 fue de apenas 2.5% ¡menos de la mitad que en el tiempo del modelo anterior! ¿El efecto del TTP será distinto?

Desindustrialización

Una meta económica para México debe ser revertir el proceso de desindustrialización en el que entró el país hace un cuarto de siglo. En este sentido Corea es un modelo exitoso y es muy significativo que no esté en el TTP y es que Corea si tiene un proyecto nacional propio. En fin ¿Vamos al TTP por convicción o porque ya no tenemos alternativa?

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Lo duro de construir un poder blando

El gobierno de Felipe Calderón intentó mejorar su imagen externa vía la ‘marca México’ pero no tuvo mayor éxito. Enrique Peña Nieto (EPN) pareció correr con mejor suerte. De entrada, logró que los medios externos aceptaran que él sí ‘movería a México- para modernizarlo y acabar con los últimos vestigios de un nacionalismo obsoleto, (‘The Christian Science Monitor’, 28 de noviembre, 2012). Desde esos miradores lejanos, el ‘Pacto por México’ y sus reformas llevaron a imaginar a EPN como un ‘salvador de México’, (‘Time Magazine’, febrero 24, 2014).

Hoy las cosas son muy otras. La imagen de EPN ya no es la del gran transformador sino la de alguien bajo asedio, librando una guerra de retaguardia contra sus propios errores. Y su defensa consiste en argumentar que sus acciones de gobierno no se valoran porque “lo bueno casi no se cuenta, pero cuenta mucho”. Y es que, de acuerdo con las encuestas, la desaprobación de EPN y su gobierno ya es muy alta (el 1° de diciembre el ‘Grupo Reforma’ constató que la opinión negativa sobre el actual gobierno llegaba al 73%).

Hoy, cuando el entorno externo se está tornando muy desfavorable como consecuencia del inesperado surgimiento y triunfo del ‘trumpismo’en la gran potencia vecina, la imagen de México y de su gobierno, que podría ser un instrumento de poder muy útil para negociar los malos tiempos, está muy dañada. Repararla tomará un tiempo del que no se dispone.

En su reciente libro, ‘Orgullo y prejuicios. Reputación en imagen de México’ (MAPorrúa, 2016), Leonardo Curzio aborda justamente el tema de la imagen externa de nuestro país como un elemento que debería ser central en la relación con el exterior pero que hoy no lo es.

Países como México, que cuenta con pocos elementos de ‘poder duro’ –una economía grande y fuerte, un Ejército poderoso o recursos naturales estratégicos-, están más que obligados a echar mano de y explotar como instrumentos de su política exterior, todos los elementos que forman una imagen internacional positiva. Hubo un tiempo, corto, por cierto, en que México también intentó blandir el petróleo como instrumento de poder duro, pero hoy tal instrumento dejó de funcionar.

El ‘poder blando’ de un país se puede definir y resumir como los elementos positivos de la imagen que tenga en el exterior. En nuestro caso, nos guste o no, es de gran consecuencia como se nos valore como comunidad nacional en Estados Unidos, la potencia con la que compartimos más de tres mil kilómetros de frontera, en la que viven 27.7 millones de mexicanos (cifra de 2014), a la que se dirigen el 80% de nuestras exportaciones y la que controla 53% de la inversión que los extranjeros tienen en México, (cifra de 2015).

De acuerdo con los datos y la evaluación de Leonardo Curzio, la capacidad de los instrumentos de ‘poder blando’ de los que disponemos para defender el interés nacional en Estados Unidos está muy limitada. Para probarlo cita toda una batería de indicadores. Con datos del ‘Pew Research Center’ de 2013 –año en que aún resonaba ese ‘mover a México’- Curzio constata que mientras sólo el 9% de los norteamericanos expresó una opinión desfavorable respecto de su vecino del norte –Canadá-, el 52% la manifestó sobre México, su vecino del sur, (p. 108). No es gran consuelo que para 2015 y según Gallup, esa opinión negativa bajara al 41%, (p. 111).

Curzio escribió ‘Orgullo y prejuicios’ antes de contar con el sorpresivo resultado de las elecciones norteamericanas de 2016. Por tanto, el autor aún pudo partir del supuesto que “Nuestra reputación es fatal en Estados Unidos [y] que… no hay simetría en el juego de las percepciones. Mientras la visión de México se deteriora en Estados Unidos, la aversión a lo estadounidense disminuye en México”. Sin embargo, la campaña y victoria de Trump consolidó el antimexicanismo norteamericano en alturas no vistas desde la guerra del 47. El TLCAN, el supuesto eje de la relación mexicano-americana del siglo XXI, mereció de Trump esta opinión: “quizá el peor acuerdo comercial que alguna vez se haya firmado en cualquier parte”, (‘The Economist’, 10 de diciembre). Por otro lado, la aversión a lo estadounidense en México va en ascenso. Por tanto, la asimetría entre las visiones de un vecino respecto del otro va a disminuir, aunque por malas razones.

El deterioro de las percepciones entre México y su vecino del norte no le quita un ápice a la importancia y urgencia de reconstruir el arsenal de ‘poder blando’ de México, como sugiere Curzio. Nuestro país no debe seguir siendo definido sólo por su pasado atractivo –prehispánico, colonial y revolucionario- sino debería serlo también por ideas y acciones nuevas y potentes, por una nueva narrativa de la nación.

Ahora bien, esa nueva narrativa va a ser imposible sin una nueva realidad. Por tanto, hay que combatir a fondo los males que hoy dominan en la imagen mexicana: corrupción extrema, ausencia del Estado de Derecho, violencia imparable, institucionalidad carcomida, desigualdad social insultante y otras características similares.

En suma, que adquirir el ‘poder blando’ que necesitamos para enfrentar un futuro particularmente complicado, requiere llevar a cabo lo que hasta ahora no se ha logrado: una auténtica transformación del México real. Y, de nuevo, aceptar que la mejor política externa mexicana es una buena y honesta política interna.

RESUMEN

Argumenta Leonardo Curzio que, para países débiles como el nuestro,  el ‘poder blando’ es un buen instrumento de política exterior. Lo malo es que, por ahora, la pólvora de ese poder está mojada.

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EL GENERAL EN NUESTRO LABERINTO

Hubo tiempos en que se hablaba de la ‘colombianización’ de México como futuro indeseable. Hoy, en cambio, no nos vendría mal una dosis de ‘colombianización’. En Oslo, al recibir el Premio Nobel de la Paz, el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, no sólo anunció el fin negociado de la guerra interna más larga en el hemisferio -52 años-, sino que, en su discurso señaló que en el curso de esa guerra se introdujo un elemento que la agravó: el narcotráfico. Sustentado en la dura experiencia colombiana afirmó que, si bien la guerra con las FARC se acabó, “la guerra contra las drogas no se ha ganado, ni se está ganando… es hora de cambiar nuestra estrategia.” Para nosotros, este mensaje es claro pero complicado de asimilar. Pues aquí esa “guerra contra las drogas” sigue y no hay visos de un cambio de estrategia.

Con 174,652 muertes violentas en el último decenio relacionadas con el crimen organizado -sostenido básicamente por el narcotráfico-, 29,198 desaparecidos y un gasto de 1.8 billones de pesos en las instituciones encargadas del mantenimiento de la “ley y el orden” (Revista Reforma, 11 de diciembre), la guerra contra las drogas prosigue como si se pudiera ganar. Y ese empeño tan sin sentido nos está conduciendo a un peligroso callejón que, si bien tiene salidas, con el paso del tiempo todas se están estrechando y todas son peligrosas.

Dos días antes de que el presidente Santos diera su discurso en Oslo, aquí, en la Ciudad de México, el general secretario de la Defensa declaró que a los militares les “encantaría que la policía hiciera su tarea para lo que está, para lo que se les paga, pero que no lo hacen” y así poder volver a sus cuarteles, pues su misión no es perseguir delincuentes.

El general no dijo de quién es la responsabilidad de que las instituciones policiacas no cumplan con su tarea, estén minadas por la corrupción, y sea el ejército el que deba mal llenar el vacío dejado por una gran falla institucional, tan añeja como notoria. Y no lo dijo porque la responsabilidad está implícita en el argumento: además de los policías mismos, la falta es de sus mandos civiles, desde los presidentes municipales pasando por los gobernadores hasta llegar a la cúspide del poder: la presidencia de la república y el congreso.

Como el general no podía ir tan lejos como el presidente Santos y admitir que la guerra en que está envuelta el ejército y la armada no se está ganando y va para largo, entonces pidió -¿exigió?- una ley de seguridad interior que legitime la tarea que desde hace mucho, y no sólo en los diez últimos años, vienen haciendo las fuerzas armadas. Si la realidad no va a cambiar, pues por lo menos que cambie el marco jurídico ¡Vaya implicaciones las de la declaración del general Salvador Cienfuegos!

El Laberinto

El problema de la guerra contra las drogas prohibidas o campaña, como prefieren llamarle algunos militares, se inició desde, por lo menos, en los 1940, que se acentuó a raíz de las presiones norteamericanas tras la “Operación Intercepción” de 1969, a la que siguió la “Operación Cóndor” en los 1970 para culminar en la “Operación Conjunta Michoacán” de 2006, la “Iniciativa Mérida” de 2008 y todo lo que ha venido a partir de entonces y que engloba el concepto de “la guerra de Calderón”, es que continúa sin visos de solución. Hasta hoy, Washington pareciera no incomodarse por la prolongación indefinida de esta guerra sin esperanza, pues el costo lo lleva México, mientras que en Estados Unidos la estrategia pareciera ser la de rendirse en algunos frentes internos, al punto que la marihuana ya va camino de la legalización. Nosotros, en cambio,seguimos la inercia ¿Es que esperaremos a que Colombia, país que inspiró nuestra “Iniciativa Mérida” nos muestre qué hacer?

Apenas hizo público su enojo el general Cienfuegos, el PRI y sus aliados en el congreso dijeron que redactarían y aprobarían la ley de seguridad interior que demandan los militares. El general cumple así con su gremio al exigir un nuevo marco legal que no ponga en evidencia al ejército en caso de nuevos Tlatlayas -ejecución de prisioneros. Pero como sociedad nacional ¿Es eso lo que realmente necesitamos? ¿No nos estaremos internando aún más en el laberinto de la inseguridad y la ingobernabilidad por no resolver el problema central?

Una ley de seguridad interior donde se tome en cuenta el papel de las fuerzas armadas en momentos excepcionales y cortos pudiera ser algo positivo ¿Pero legislar y, por tanto legalizar y legitimar la intervención militar en circunstancias donde la inseguridad no es excepcional sino una condición que ya se volvió crónica, no entraña peligros de largo plazo?

El sexenio de Enrique Peña Nieto va a concluir en poco menos de dos años. Entre sus legados de largo plazo está la corrupción desbordada (personificada por los ex gobernadores en fuga) y la privatización de la otrora orgullosa industria petrolera. ¿También va a estar la consagración de las fuerzas armadas -la institución menos tocada por el desprestigio- como policías de última instancia? Una vez institucionalizado el papel del ejército como responsable de una guerra donde hay pocas posibilidades ganar ¿Se estará en la salida del laberinto o en un sin sentido mayor? Es pregunta que demanda una respuesta de la sociedad y de los responsables políticos pronta y de fondo.

RESUMEN: “LEGISLAR PARA INSTALAR AL EJERCITO COMO RESPONSABLE CENTRAL DE LA SEGURIDAD INTERIOR EN MEDIO DE UNA ‘GUERRA CONTRA EL NARCO’ QUE NO SE PUEDE GANAR ¿ES SOLUCIONAR UN GRAN PROBLEMA O COMPLICARLO AUN MAS?”

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Entre Santa Anna y Cárdenas

En esta coyuntura crítica de su relación con Estados Unidos, México tiene dos modelos históricos a seguir: el de Santa Anna -negociar desde la debilidad y tratar de minimizar el daño- o el de Cárdenas -negociar desde la movilización de la fuerza interna. Cualquier ‘tercera vía’ es sólo una variante. Si es cierto que en chino el concepto de crisis está formado por dos caracteres, uno que significa peligro y oportunidad, el otro, pues también enfoquemos el problema desde esta dualidad.
Hoy, la naturaleza del peligro y del reto externo es clara: el vicepresidente electo de Estados Unidos, Michael Pence, declaró en una entrevista (This Week, ABC, 4 de diciembre) que su gobierno va a construir una muralla en la frontera sur y que “hay varias maneras” de obligar a México a pagarla.
El tipo de oportunidad que esta crisis política externa le abre a nuestro país no es otro que la posibilidad de aflojar sus lazos de dependencia con Estados Unidos. Sin embargo, lo que aún está por determinarse es si los dirigentes han detectado la oportunidad y si tienen la voluntad de asumir el riesgo de aprovecharla.

Desde la época colonial, México ha vivido dentro de un sistema de economía muy dependiente del exterior, pero la modalidad de la dependencia en la que estamos actualmente metidos -una enmarcada por el neoliberalismo, la globalización y el Tratado de Libre Comercio de la América del Norte, (TLCAN)-, es quizá una dependencia más aguda que algunas del pasado y, por tanto, más peligrosa. Se trata de una dependencia de un solo país que, además, es colindante y muy poderoso, y que hoy nuestra debilidad institucional interna es mayor que antes. En el presente prácticamente todas las instituciones públicas y una buena parte de las privadas, funcionan entre mal o muy mal, al punto que quizá la única que cumple a cabalidad su papel es la familia, pero obviamente la capacidad de ésta para suplir las fallas del resto -ausencia de un Estado de derecho, corrupción desbordada, inseguridad creciente o economía imposibilitada de crecer más allá del 2% anual- es muy limitada.

¿Cómo responder adecuadamente desde México al gran viraje con el que nos amenaza la próxima administración norteamericana, país al que se dirigen el 73% de las exportaciones mexicanas (2014) y donde viven 11,714,500 mexicanos (cifras de 2013, Migration Policy Institute)? En principio, el desafío que nos viene del norte se resume así: reforzar o completar un muro fronterizo de 3,185 kms. cargar su costo a México, deportar entre dos y tres millones de los 5.8 millones de mexicanos indocumentados que se calcula viven en Estados Unidos (el ‘Pew Reserach Center’), renegociar o abolir un TLCAN que implica exportaciones desde México a Estados Unidos por 320 mil millones de dólares (2015), elevar impuestos a empresas americanas exportadoras establecidas en México e interferir con las remesas que los trabajadores mexicanos al norte del Bravo envían a sus familias, (24,792 millones de dólares en 2015, CEMLA, 2016).

¿Qué hacer?

Cuando en 1853 Estados Unidos obligó a Santa Anna a venderle casi 77 mil km2 al norte de Sonora y Chihuahua -el valle de La Mesilla-, México aún no se consolidaba como país, sufría los efectos de una terrible derrota militar con su vecino del norte y políticamente estaba tan dividido que volvió a echar mano de un líder probadamente fallido: Santa Anna. Por eso, la sociedad mexicana apenas si reaccionó ante el nuevo golpe. Pese a todo, la llamada ‘Revolución de Ayutla’ de 1854 que acabaría con Santa Anna, se justificó con un plan que le acusaba de opresor y de haber atentado contra la integridad territorial de la nación al haber vendido a otro país una parte de la misma. La acusación no reconoció un atenuante: que Santa Anna había logrado anular todas las otras ofertas norteamericanas, esas que le hubieran dado más dinero pero a cambio de todo el norte mexicano actual.

En contraste con 1854, en 1938, el presidente Lázaro Cárdenas y su partido, el PRM, decidieron recuperar de un solo golpe la propiedad de los hidrocarburos de manos extranjeras, y para ello movilizaron en su apoyo a una buena parte de los mexicanos al punto que, por eso, más otros factores, Washington decidió no llevar muy lejos su presión sobre México y se resignó a aceptar la legitimidad y definitividad de la expropiación petrolera. Y esa gran y arriesgada reafirmación de la soberanía y el nacionalismo mexicanos sobrevivió hasta que el gobierno de Enrique Peña Nieto (EPN) la echó abajo.

EPN acaba de declarar que ante el peligro buscará “establecer una relación constructiva” con el gobierno de Trump. En este caso, el modelo va a ser ‘a la Santa Anna’ y todo depende de las acciones y reacciones del impredecible Trump. Optar por una reacción ‘a la Cárdenas’ requeriría ir más allá del simple llamado a “la unidad” de los mexicanos, (Reforma, 2 de diciembre). Desafortunadamente, hoy la clase dirigente mexicana -políticos, grandes empresarios y jerarcas eclesiásticos- tiene muy poca credibilidad y legitimidad para constituirse en el eje de 0..una auténtica movilización de unidad nacional. Sin embargo, se podría intentar, desde la sociedad misma, llevar a cabo esta movilización y, a la vez, demandar la construcción de alternativas al inaceptable modelo de dependencia actual, es decir, un cardenismo sin Cárdenas.

RESUMEN:

“Frente al reto que representa el discurso antimexicano de trump, disponemos de dos grandes modelos de respuesta: el de Santa Anna y el de Cárdenas. Puede haber variantes, pero no alternativas”.

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