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Lorenzo Meyer

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Entre Monroe y Washington

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Entre Monroe y Washington

En su discurso del pasado 8 de julio al lado del presidente Donald Trump en la Casa Blanca, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) decidió dar un consejo al gobierno del país vecino: que, al menos en su relación con México sustituyera la odiosa “Doctrina Monroe” —declaración unilateral de 1823 frente a Europa y que reclamaba para Estados Unidos el papel de poder dominante en nuestra región— por lo que podría considerarse la “Doctrina Washington”: el consejo que aquel primer presidente norteamericano dio a sus conciudadanos: no aprovecharse del infortunio de otros pueblos.

Citar ese consejo del máximo héroe norteamericano a sus conciudadanos, puede interpretarse como una sutileza para recordar que tal principio es parte de un todo más amplio: un conjunto de reglas de política externa que Washington enumeró en su despedida de 1796 y que constituyen una auténtica doctrina política. En este campo el mandatario fue un realista pues partió del principio que en el trato entre naciones soberanas no tiene sentido usar y menos creer en el concepto de amistad sino sólo en el de los intereses nacionales y que estos son básicamente económicos. En ese contexto, Washington propuso que “una gran regla de conducta para nosotros, en relación a las naciones extranjeras [debe ser] extender nuestras relaciones comerciales con ellas, pero procurando las menores conexiones políticas posibles”. Y resulta que esta premisa de política externa diseñada cuando Estados Unidos aún no era un imperio, es una que hoy cuadraría muy bien con el principio central de la actual política de México: la no intervención de un país en los asuntos internos de otro. Es difícil suponer que en la Casa Blanca se haya captado ese fondo del mensaje, pero como sea AMLO puso su pica en Flandes.

Esta primera gira del presidente mexicano al exterior está llena de detalles a examinar e interpretar. Uno de ellos es el motivo mismo del viaje. No fue, como él pretende que se le vea: una visita de trabajo al poderoso país vecino para hacer visible la importancia de haber sustituido el viejo TLCAN por el nuevo T-MEC. El primer ministro canadiense estuvo ausente y eso en nada afectará el acuerdo, ni éste va a significar un gran viraje en la naturaleza de la relación económica dependiente de México con Estados Unidos. Sólo Trump se empeña en calificar al viejo TLCAN como el peor tratado comercial firmado por su país y al nuevo como el mejor. Como sea, el hecho evidente es que la puesta en marcha del T-MEC no requería de la reunión de los jefes de Estado signatarios. Todo permite suponer que fue AMLO quien aprovechó la coyuntura y decidió correr el riesgo de medirse frente a Trump en el propio terreno de aquel y lo logró, aunque no sin alguna raspadura.

Trump no debió creer nada de lo que dijo en su discurso de bienvenida sobre amistad y respeto hacia AMLO y los mexicanos, pero el mero hecho de haberlo dado significó un conveniente olvido de la postura antimexicana adoptada desde 2015 y de la humillación que le infligió a Enrique Peña Nieto en 2016. En esas ocasiones el hoy ocupante de la Casa Blanca era el abanderado de la defensa contra una supuesta invasión de mexicanos caracterizados como narcotraficantes, criminales y violadores, y por eso había que separar a la Norteamérica morena de la blanca. En contraste, frente a AMLO, Trump caracterizó a la comunidad mexicano-americana y al presidente mexicano de manera muy positiva pese a que sus ideologías son de signos antagónicos: de derecha la del norteamericano y de izquierda la del mexicano.

Finalmente, los críticos de AMLO le echaron en cara que su presencia en la Casa Blanca sería usada por Trump en su empeño en reelegirse, pero al votante norteamericano promedio lo mueven los grandes problemas propios: la forma en que percibe el manejo de la economía, la pandemia, el desempleo y las manifestaciones contra el racismo. En ese panorama la relación con México simplemente no está. En el periódico de la ciudad de Washington —The Washington Post— fue apenas noticia para la página 12, mientras que aquí lo ha sido por varios días noticia de primera página y discutida en innumerables columnas.

Al final, quien pareciera haber obtenido mayor benefició del viaje, fue el que más se arriesgó: el presidente mexicano. Sin embargo el elogio de Trump a la cooperación mexicana forzada en el control de la migración proveniente del sur fue un raspón para AMLO. La asimetría de poder entre los vecinos hace de la presión norteamericana la constante inevitable de nuestra relación con el exterior.

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Lorenzo Meyer

El incierto destino de las crisis

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El incierto destino de las crisis

Es lugar común asegurar que las grandes crisis también pueden ser “ventanas de oportunidad”. Sin embargo, y a propósito de la pandemia de Covid-19, Sheri Berman —politóloga de la Universidad de Columbia— advierte que ese potencial transformador puede perderse, (“Crisis only sometimes lead to change. Here’s why”, Foreign Policy Magazine, verano de 2020).

Desde una perspectiva progresista, Berman examina la crisis política europea de 1848 cuando estalló una ola de rechazo al orden establecido por las monarquías conservadoras que habían derrotado a Napoleón. Las revueltas de la época mostraron que en varios países se había acumulado el descontento contra el empeño restaurador del absolutismo. Sin embargo, las divisiones entre los sectores insatisfechos —clases medias liberales, proletariado inspirado por el socialismo y nacionalismos separatistas—, impidieron que los esfuerzos insurgentes pudieran aglutinarse alrededor de un proyecto de reformas con metas comunes mínimas y al final las fuerzas conservadoras prevalecieron.

En el siglo XX, Berman ve al período entre las dos guerras mundiales como otra crisis que pudo haber cambiado al mundo en un sentido progresista pero que, por el contrario, la capitalizó la derecha y desembocó en una catástrofe descomunal. En contraste, a partir de 1945 la Guerra Fría propagó en Occidente variantes del modelo rooseveltiano (el “New Deal”) e impulsó la unificación europea. En los 1970 ese capitalismo keynesiano hizo crisis en el momento en que dos líderes conservadores, Ronald Reagan y Margaret Thatcher, pudieron hacer realidad el corpus de ideas neoliberales ya muy desarrolladas por economistas como los de la escuela de Chicago. El posterior hundimiento de la URSS reafirmó la fuerza de ese proyecto.

Según el planteamiento anterior, la crisis de la economía globalizada de 2007-2009 aunada a los duros efectos económicos y sociales de la pandemia causada por el SARS-CoV-2, más el ambiente de inconformidad generado por las movilizaciones anti racistas en EU y otros países, abren la posibilidad de un nuevo “momento rooseveltiano” que podría desembocar en la superación del neoliberalismo y de su impresionante empeño por disminuir las capacidades del Estado en favor del mercado y en aumentar las desigualdades sociales al concentrar la riqueza de manera brutal: hoy la fortuna personal de Jeff Bezos, de Amazon, sobrepasa los 180 mil millones de dólares, mientras que sus empresas niegan a sus trabajadores el derecho a sindicalizarse y a modificar el ritmo de trabajo despiadado que se les exige.

La tesis de las crisis como oportunidad para el cambio puede ser útil para interpretar no sólo coyunturas mundiales sino nacionales o incluso locales. En el caso mexicano, la tensión acumulada por los cambios cardenistas llevó a una crisis a la que poco le faltó para desembocar en un levantamiento armado (el almazanista). Montada en esa atmósfera, en la coyuntura de la 2ª Guerra Mundial y luego en la Guerra Fría, la derecha demolió el proyecto cardenista. La crisis electoral provocada por el henriquismo de 1952 ya no llevó a ningún cambio significativo y la normalidad autoritaria posterior se mantuvo pese a la crisis de 1968 y la posterior “guerra sucia”. Ambas coyunturas las aprovechó el propio sistema para montar un gran acto de gatopardismo: reformar el subsistema electoral para soltar presión sin modificar la esencia del conjunto.

El fraude electoral de 1988 fue otro momento de crisis que volvió a ser bien aprovechado por la derecha: bajo el liderazgo de Carlos Salinas se abjuró del modelo “nacionalista” de industrialización protegida, se desmanteló mucho del aparato productivo del estado (y en el proceso se dio vuelo la corrupción, como en Rusia), se abrazó con entusiasmo la doctrina neoliberal y la fusión de la economía moderna mexicana con la norteamericana. En el proceso de cambio, el viejo partido de estado —el PRI— debió pagar un precio: una pérdida paulatina pero irreversible de poder y tuvo que cogobernar con su antiguo rival de derecha: el PAN.

Hoy, una izquierda moderada, encabezada por un líder carismático —Andrés Manuel López Obrador— puede aprovechar la crisis local y global del neoliberalismo para impulsar un modelo de sociedad diferente. Y avanzaría más rápido en esa dirección si logra dar forma más acabada a las vías para alcanzar lo que propone como meta: una sociedad más equilibrada, un sistema político con la corrupción bajo control y un Estado capaz de garantizar la impartición de justicia, los servicios de salud universales, la educación pública de calidad, un ingreso mínimo general y poner fin a la inseguridad. La posibilidad existe.

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Lorenzo Meyer

El odio como variable política

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El odio como variable política

En tanto no intervenga el odio como variable, el conflicto político puede administrar desacuerdos sin llegar a considerar al otro como enemigo irreconciliable. El odio es un sentimiento de intensa hostilidad hacia algo o alguien. Y si bien en política esa emoción ha sido fuente de energía, a la larga ha dañado su calidad. La ira simplifica, es maniquea y los grandes problemas sociales son refractarios a soluciones simples.

Generalmente las relaciones de poder entre países, partidos, grupos o individuos son mezcla de conflicto y cooperación. El núcleo duro de la esfera del poder es el choque de intereses y éste puede alcanzar gran intensidad, pero siempre hay posibilidades para la negociación si se mantienen a raya los sentimientos de hostilidad extrema.

Relegar del juego del poder el componente de irracionalidad que suele acompañar a la ira es un obstáculo para arribar a un terreno donde los resultados no sean de suma cero, es decir, que no implique que una de las partes gane todo lo que la otra perdió. Cuando se reconoce algún grado de legitimidad al adversario, se abre la posibilidad de una solución negociada —ceder algo a cambio de asegurar algo— que puede desembocar en una cooperación de conveniencia que administre las diferencias.

El choque político que adquiere el carácter de guerra sin cuartel lleva a que los sentimientos de rabia se conviertan en un factor conspicuo y a que las soluciones negociadas se tornen imposibles o casi. En tales circunstancias domina la polarización y aumentan la tentación de soluciones al margen de la legalidad. Y, sin embargo, son muchos los ejemplos históricos de actores políticos para quienes generar atmósferas dominadas por la irracionalidad de la ira les pareció deseable y racional y muchos pagaron mucho por eso.

Seyward Darby en un artículo de investigación sobre las organizaciones de los “supremacistas blancos” en Estados Unidos y los motivos de sus participantes, comprobó, una vez más, que: “el odio es un cohesionador social [entre quienes lo comparten] —un instrumento de intercambio [entre quienes lo practican]—y que aborrece los vacíos” (The New York Times, 17/07/20). El atractivo de los grupos que nacen al calor del “supremacismo” racial blanco —y que se van en ascenso— consiste en que, no sólo son espacios de camaradería que ofrecen respuestas simples y tajantes a problemas sociales muy complejos, sino que además proporcionan campos de acción contra las fuerzas del cambio.

En el Estados Unidos de hoy, la confrontación política que deriva en manifestaciones multitudinarias que no cesan tiene como eje el añejo problema racial. Darby concluye que el arribo de un afroamericano a la presidencia o la convivencia interracial en las movilizaciones impulsadas por “Black Lifes Matter”, han producido sentimientos esperanzadores y positivos en una mayoría, pero en otros ha incrementado el odio racista. Este proceso norteamericano comparte rasgos con la polarización política que actualmente tiene lugar en México.

En su libro “Exercise of Power” (2020), Robert Gates, exsecretario de defensa de EE. UU. y exdirector de la CIA, considera que imponer los intereses propios sobre los ajenos mediante la fuerza es sólo una manera de mostrar el poder de una nación, que hay otras vías, entre ellas la capacidad de proteger a los ciudadanos más vulnerables y desvalidos (p. 8).

El arribo a la presidencia mexicana de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) con un proyecto de cambio de régimen y bajo el eslogan “Por el bien de todos, primero los pobres”, puso en marcha una reorientación del estilo y ejercicio del poder gubernamental. La reacción de quienes objetiva y subjetivamente se han sentido afectados por el cambio no se hizo esperar y la intensidad de su reacción da idea no tanto de la magnitud efectiva del giro —el proyecto de AMLO no es radical— sino de la magnitud del temor y de la ira despertados entre quienes habían encontrado cómodo, adecuado y, sobre todo, natural, vivir en una sociedad donde el ejercicio del poder había servido para mantener vivas desigualdades de origen secular pero que hoy se consideran inaceptables.

El factor odio ha entrado de lleno en nuestra política como no lo había hecho desde el cardenismo 80 años atrás, y por las mismas razones: por un ejercicio del poder gubernamental que busca disminuir el desbalance en una estructura social fuera de época. Al final del sexenio cardenista las derechas acariciaron ideas golpistas. Es de desear que hoy la institucionalidad y la negociación impulsada desde el poder sean capaces de volver a imponerse sobre las corrientes de odio e irracionalidad.

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Lorenzo Meyer

Retorno al juicio de residencia

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Retorno al juicio de residencia

Emilio Lozoya, exdirector de Pemex y miembro de la aristocracia política del antiguo orden, retornó a México en calidad de extraditado para encarar graves acusaciones de corrupción. El hecho puede verse como una variante del viejo “juicio de residencia” al que se sometía en la época colonial a los altos cargos del imperio español al concluir su misión.

No habiendo entonces una clara división entre lo público y lo privado por tratarse de un sistema patrimonialista, el único poder que realmente podía exigir cuentas a un virrey o a otro alto funcionario por el desempeño de su cargo era el rey, el soberano en una sociedad de súbditos. En teoría la medida tenía sentido, aunque en la práctica, esta especie de “juicio final” no impidió el uso de los cargos públicos en beneficio personal.

La corrupción al estilo del Estado moderno europeo llegó a nuestras costas como parte del complicado paquete de estructuras y formas políticas que trajo consigo la conquista. Para los monarcas del absolutismo español, someter a una revisión sistemáticamente el desempeño de sus altos mandos en tierras lejanas no era asunto de moral pública sino de control sobre el aparato administrativo.

Ya en el México republicano, cuando se suponía que había quedado claramente diferenciado lo público de lo privado y que nadie podía afirmar, como Luis XIV “L’État, c’est moi”, a corrupción en la esfera pública no disminuyó. En buena medida, en los dos siguientes siglos, aunque con altibajos, el ejercicio del poder en nuestro país se mantuvo dentro del viejo marco patrimonialista y antidemocrático y la corrupción colonial quizá se agudizó. De acuerdo con Transparencia Internacional en 2018 y en materia de percepción de corrupción pública, al concluir el gobierno donde se presume que Lozoya cometió los actos de los que hoy se le acusa, México había descendido hasta el sitio 138 en un conjunto de 180 países y con una calificación de apenas 28 puntos sobre cien, lo que en el contexto latinoamericano nos colocó en compañía de Nicaragua y Guatemala. Según la misma fuente, en el sexenio de Enrique Peña Nieto (EPN) México alcanzó los peores índices de corrupción en su sector público, (EL UNIVERSAL, 30/01/19).

Legalmente a Lozoya se le juzgará partiendo de las confesiones en tribunales extranjeros de directivos de la empresa multinacional brasileña Odebretch en 2016. Ellos aseguraron haber dado entre 2009 y 2014 varios millones de dólares a funcionarios mexicanos, entre ellos a Lozoya, encargado de vinculación con el exterior en la campaña presidencial de EPN y posteriormente nombrado director de Pemex, la principal empresa pública mexicana.

Los sobornos tuvieron como fin conseguir contratos en términos muy buenos para Odebretch —alrededor de 30 mmp, (Reforma, 11/09/17)— pero no para Pemex. A esto se le añade la compra de una empresa chatarra donde también intervino Odebretch —Agro Nitrogenados— a un empresario que quizá también sea extraditado y otros cargos similares. La expectativa es que el caso Lozoya se convierta en el primer maxi proceso por corrupción de un gobierno anterior y que pueda llevar a trazar, con credibilidad, un mapa de la gran corrupción que desembocó en el estallido —el “big bang”— de un sistema de poder que practicó el patrimonialismo al estilo del período colonial en grado extremo.

La responsabilidad histórica de quien debe llevar a buen puerto este nuevo “juicio de residencia” del exdirector de Pemex —el Fiscal General de la República— es enorme. En sus manos está la posibilidad de convertir un caso escandaloso en algo realmente importante: en el evento que transforme la derrota electoral del PRI en 2018 en una verdadera coyuntura crítica, es decir, en un acontecimiento no sorpresivo, pero tampoco enteramente previsto, que influya decisivamente en el comportamiento futuro de las variables centrales del sistema político, de tal manera que sus reglas de operación en torno a la corrupción ya no puedan continuar siendo las del pasado. Ya se había presentado una oportunidad parecida con la elección del 2000 que desalojó al PRI de Los Pinos, pero los responsables de manejarla entonces nunca estuvieron a la altura de la circunstancia.

Ningún sistema político está libre de la corrupción, ninguno. Sin embargo, hay un buen número de ejemplos de estructuras institucionales que la mantienen bajo control y a niveles que no afectan el buen desempeño de la administración pública. No ha sido ese nuestro caso. Dejar pasar esta nueva oportunidad de superar la larga etapa de la gran corrupción pública sería perder ese tiempo que, se dice, después los santos lo lloran.

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