Fernando Velázquez

León.- Obligar a los usuarios de telefonía móvil a proporcionar sus datos biométricos al gobierno federal no disminuirá los delitos que se pretenden combatir, y solo derivará en un incremento de fraudes electrónicos, principalmente bancarios.

Así lo advirtió Hugo Navarro Espínola, doctor en Proyectos de Tecnologías de la Información y Comunicaciones y exdirector del área de Tecnologías de la Información del Gobierno de Guanajuato. De entrada subrayó que aunque la intención de recabar estos datos sea pretender disminuir las extorsiones telefónicas o los secuestros, eso no justifica en absoluto obligar a los usuarios a otorgarlos.

Apuntó que tarde o temprano, los datos biométricos -que pueden ir desde huellas dactilares, identificación de voz, reconocimiento fácil o el escaneo de iris terminarán en el mercado negro.

El problema, añadió, es que con ellos se pueden realizar transacciones bancarias en aplicaciones o sitios de Internet, lo cual dejará en estado de indefensión a sus clientes en caso de que se realicen transferencias de dinero o compras con sus datos biométricos. “Ahorita con el tema de los fraudes, no quiero imaginar que esa base de datos que tendrán las compañías telefónicas y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), se venda o sea objeto de hackeo, y nos deje a los ciudadanos en un estado de indefensión porque van a tener manera de demostrar que hicimos una transacción, que en realidad no hicimos, con nuestros datos biométricos”, explicó. Además, el consultor en temas de ciberseguridad adelantó que esta medida no ayudará a reducir los crímenes referidos.

“Se supone que esto se hizo para el tema de la delincuencia, pero seamos honestos, los delincuentes no van a llegar al Sanborns o a Telcel a comprar una tarjeta de prepago con su credencial de elector real ni mucho menos, entonces esto nos afectará a los ciudadanos de a pie que no somos delincuentes”, dijo.

Añadió que la alternativa que queda es ampararse ante esta disposición, la cual, reiteró, es desproporcional y vulnera la privacidad de la ciudadanía.

De acuerdo con la reforma promovida por Morena, los usuarios de celulares tendrán que dar su nombre, dirección, nacionalidad, número de credencial de elector y datos biométricos -que aún no se definen-, a las compañías de telefonía, las cuales a su vez los compartirán con el IFT.

La medida entró en vigor el 17 de abril, aunque el IFT tiene un lapso de 6 meses para establecer las disposiciones administrativas para que a partir de ahí, las telefónicas recaben los referidos datos de sus usuarios.

EZM