El Diccionario de la Real Academia Española define la palabra GOBERNANZA como ‘el arte o manera de gobernar que se propone como objetivo el logro de un desarrollo económico, social e institucional duradero, promoviendo un sano equilibrio entre el Estado, la sociedad civil y el mercado de la economía. O como la Acción y efecto de gobernar o gobernarse’. Sin duda el Dr. Luis F. Aguilar Villanueva señala que el concepto descriptivo post crisis, donde la sociedad supera la acción gubernamental, incorporando mecanismos del mercado y participación social, actores no gubernamentales, como un renacimiento en la confianza de la sociedad en sus propias capacidades, ante la incapacidad de nuestras autoridades, para gobernar y administrar.

Es innegable, la situación crítica que enfrentamos nos muestra una dura realidad; en lo federal, estatal y municipal, con una problemática social, en aumento los índices en la comisión delitos, de homicidios dolosos, de robos con violencia, por señalar solo algunos. La pandemia ha influido de manera determinante en el aumento del desempleo que enfrentamos a causa de una contracción y cierre de la industria local, las empresas han decidido cerrar ante el clima de inseguridad.

Por lo que se vuelve urgente acabar con la ineficiencia de los gobiernos, estatales y municipales, para atacar la corrupción y los malos manejos de los recursos, círculo vicioso -en lugar de virtuoso- que constituye el monopolio de las decisiones, la opacidad y la nula rendición de cuentas, factores que dan como resultado un clamor al cielo, por parte del pueblo, al que solo le queda como último recurso la desobediencia civil; “porque cuando un gobierno no respeta los derechos de los ciudadanos, lo está orillando a desobedecerlo” (David Thoreau).

Y eso no es lo deseable, dentro de lo posible. Terminar con las estructuras burocráticas ineficientes y débiles, no comprometidas con la comunidad, sino con intereses de grupos, élites partidistas o grupos fácticos de poder, enfocadas a obtener privilegios, puestos, sueldos y no a resolver los problemas que nos aquejan y no a brindar servicios para la satisfacción del cliente (CIUDADANO); la falta de eficacia institucional se agrava con la complejidad y la saturación de las demandas (un claro ejemplo es la saturación de los hospitales y Ministerios Públicos, que se han visto rebasados ante el cúmulo de enfermos y de denuncias); y una ausencia de legitimación de las autoridades que nos gobiernan. Cuando son los mismos Agentes Ministeriales que debieran investigar y perseguir a los delincuentes, quienes sin más violan la ley, con el exceso en el uso de la fuerza pública y abuso de autoridad o prepotencia.

Se debe buscar crear nuevos roles en las autoridades, que se evalué el desempeño de las corporaciones de fuerza pública, con liderazgo social a través de proyectos de desarrollo común., articuladores de lo público-privado, que fomenten la productividad, el crecimiento y el desarrollo local sustentable, con servicios y políticas públicas efectivas; una adecuada gestión pública municipal que actualmente ya ni siquiera logra atender los problemas mediáticos del día a día; mucho menos puede o logra atacar y plantear respuestas efectiva a los problemas de fondo, muestra el incremento de los homicidios dolosos a plena luz del día en colonias urbana y céntricas; es momento de que busquemos la profesionalización de los servidores públicos municipales, de los funcionarios estatales y de nuestros diputados, a través del desarrollo de competencias gerenciales, privilegiando las capacidades, antes que los compadrazgos o el pago de favores a grupos políticos. Fomentando un proceso participativo, que realmente dé respuestas a los problemas sociales, económicos de nuestro país, estado y municipio.

Buscando cambiar la percepción, que hasta ahora tiene la ciudadanía del desempeño gubernamental. Para lograr gobiernos honestos, que hagan más y cuesten menos. Que sean profesionales, que digitalicen sus procesos y transparenten sus gastos y decisiones, hagan mejoras regulatorias, agilicen sus tiempos de respuesta.

De poco o nada sirve la discusión carrereada, que simularán nuestros diputados locales, porque en menos de cinco días, a partir del 14 de diciembre del 2020, con las prisas navideñas, en las comisiones y mesas de trabajo sobre las leyes de ingresos para el estado y los municipios del 2021 y el presupuesto de egresos para el próximo año, lo hacen al vapor; como siempre, sin un análisis a fondo, con especialistas economistas y profesionales, de cuáles son las prioridades que se deben atender, los recortes presupuestales que se deben realizar.

¿A usted le han preguntado alguna vez, en qué quiere que se destine el gasto público?

Lo que van a hacer nuestros diputados locales, en los próximos días, es tan solo una simulación, ya muchas veces repetida y ensayada, como en años pasados, donde lo que importa es aprobar  tan solo un mayor endeudamiento público, como se los pide el gobernador, para tapar el boquete que dejo el recorte al presupuesto que hizo la Federación al estado; sin determinar los límites al gasto corriente, a donde se destina la mayor parte al pago de los sueldos del gobierno, sin estar apegados al tabulador del salario mínimo, con el que se castiga al obrero en Guanajuato, ni a realidad social que viven los ciudadanos;  sino según sus ambiciones aspiracionales de clase gobernante, sometiendo a la base de la burocracia y premiando a los altos mandos. Por eso la casta divina, vive en un mundo distante y feliz, distinto a la realidad, donde todo para ellos es grandeza, mientras para el pueblo, se traduce en una mayor pobreza.