Yerbamala

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Raúl Villegas

1.-Mentiras y pecados

Mientras crece el expediente criminal del sacerdote Jorge Raúl Villegas Chávez, con la tercera imputación de abuso sexual contra niñas, todas las autoridades, civiles y eclesiásticas, implicadas se desmarcan.

Nadie se hace responsable de que haya podido ejercer el sacerdocio y la docencia a pesar de estar inhabilitado y sin tener licencia alguna.

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La Arquidiócesis de León dice que inhabilitó al cura en 2012 para ejercer funciones sacerdotales, y que si las ejerció ‘infringió la ley’.

Refugiado en Irapuato, el obispo de ahí, José de Jesús Martínez Zepeda, dijo no saber de Villegas. Pero sí sabía, porque éste oficiaba en el templo de ‘San Cayetano’, que es de su Diócesis.

José de Jesús Martínez

La SEG, luego de que el obispo le cargara la responsabilidad por la función de profesor del cura, dice no tener ninguna responsabilidad. Y que no interviene en el ‘Colegio Atenas’, donde cometió sus abusos, por ser privado, a pesar de que le dio el Registro de Validez Oficial de Estudios.

La directora del ‘Atenas’, administrado por monjas, Carmen Carbajal Méndez, dice que no indagaron el pasado de Villegas, que lo reclutaron de buena fe en el templo de San Cayetano.

El hecho de que Villegas haya podido violar, al mismo tiempo, las leyes civiles y religiosas sin que ninguna autoridad se lo impidiera, explica en mucho la impunidad general que priva respecto a la delincuencia.

Dany Ángel Martínez

2.- Morena, todo puede ser peor

Hasta cárcel, destitución e inhabilitación les podría caer al diputado de Morena, David Alejandro Landeros, y a sus asesores, Alejandro Bustos y Óscar Aguayo, si se les llega a comprobar el delito de peculado.

Esto, de acuerdo al Artículo 248 del Código Penal, que dice: ‘Al servidor público que disponga de un bien que hubiere recibido en razón de su cargo, se le impondrá de dos a diez años de prisión y de veinte a cien días multa; así como destitución del empleo o cargo e inhabilitación por el mismo término de la pena privativa de libertad impuesta’.

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Ese es el tamaño de la responsabilidad del contralor del Congreso, Dany Ángel Martínez Muñoz, quien ya inició la auditoría correspondiente.

Landeros, de acuerdo a la reciente reforma constitucional, podría ser denunciado, procesado y desaforado, con lo que perdería la curul de la discordia.

Montserrat Bataller

3.- Imposturas

Quizá en la Secretaría de Educación de Guanajuato, SEG, tengan que rehacer los protocolos para atender la violencia escolar, o mandar corregir sus diccionarios.

Esto por la muy peculiar definición de ‘bullying’ con la que descalifican las agresiones a la niña en la escuela de Atotonilco a la que sus compañeros robaron su teléfono celular, luego de una historia de agresiones.

Al igual que la propia SEG, su delegada en la región, Montserrat Bataller Sala, sostiene que Andrea no sufrió ‘bullying’, sino sólo ‘un momento de violencia’ por el robo del teléfono.

Según su peregrina explicación, se trata de un problema ‘de convivencia y honestidad’, no de violencia. También censura a la niña por llevar un celular a la escuela, pues a su parecer no lo necesita.

Para rematar, asegura que la niña no sufrió ‘bullying’ porque según ella no fue agredida de manera ‘constante’.

Una versión de escritorio, porque Andrea y su papá han dicho que era objeto de violencia regular, lo cual habían denunciado, sin lograr que les hicieran caso, al profesor y a la directora… a quienes la delegada defiende, en lugar de defender a la niña.

Miguel Márquez

4.-Insólito reconocimiento

‘Para no venirse de oquis’, como dice el corrido, ahora que fue a la presentación del Rally a la CDMX, el gobernador, Miguel Márquez, pasó a recoger el ‘Premio al Mérito Ferroviario’.

Algo raro, porque evidentemente no es ferrocarrilero ni empresario de esta industria. Y porque se le entregó en el marco de la ‘Exporail 2017’, en la que se exponen maquinaria e instrumental del ramo.

La coartada fue que se reconocía a Márquez su ayuda para disminuir los robos al tren… aunque esa disminución se ha debido a la intervención de la Policía Federal Preventiva y el Ejército.

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En realidad, se quería hacer figurar al gobernador a nivel nacional por parte de Lorenzo Reyes Retana, presidente de la Asociación Mexicana de Ferrocarriles… y directivo de Ferromex.

En reciprocidad, Márquez dijo que esta empresa estaba contribuyendo para el cuartel militar, el de Albarradones, que se construirá para proteger a los trenes. Del aporte de Ferromex, sin embargo, sigue sin saberse, pues de los 275 millones de pesos que se invertirán, Guanajuato pondrá 225 y el Ejército, 50.

Héctor López Santillana

Resulta del todo plausible la postura que ayer expuso el alcalde de León en el sentido de requerir de las autoridades federales información fidedigna sobre la inconclusa construcción, y su reanudación, del acueducto que llevará agua de la presa de ‘El Zapotillo’.

Entre otros elementos, hay que considerar que este proyecto empezó en 1985, y que ha atravesado por diversas vicisitudes para la construcción de la presa, en el estado de Jalisco, la cual ya está construida.

La otra parte es la construcción del acueducto, que es una concesión que se otorgó a la empresa española Abengoa. Ésta ha enfrentado muy diversos problemas, lo cual redundó en un retraso grave, pues se había comprometido a entregar la obra a finales de este año.

De los 140 kilómetros de longitud del acueducto, sólo van dos kilómetros construidos, y de los 40 del macrocircuito distribuidor, 4. Es decir, que falta casi todo, lo cual consumirá cerca de tres años, el plazo que se dio en 2014.

Al parecer Abengoa superó en parte sus problemas, y mantendrá la concesión del acueducto por medio de su ejecutora, la CAZ, Concesionaria del Acueducto de El Zapotillo.

Todo lo anterior ilustra la importancia de lo planteado por López Santillana, de la necesidad de tener información suficiente sobre el momento del proyecto y el restablecimiento de la disposición de recursos.

Un nuevo retraso sería gravísimo.