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Feminicidio

El miércoles pasado fue el Día internacional de la mujer; y con independencia de algunas reacciones puramente descafeinadas y hasta cursis de ciertas celebraciones que nunca faltan, esa fecha constituye, ante todo, una ocasión para reflexionar.

En efecto, el meollo de esa efeméride que desde 1975, se fijó, en definitiva, para el 8 de marzo, es el de potenciar la lucha por la reivindicación de los derechos de las mujeres y las niñas; y la búsqueda de su empoderamiento.

A estas alturas del siglo XXI, esa querella de alcance universal, sigue siendo la del reconocimiento a la igualdad formal de los géneros; y la erradicación de una variada serie de prácticas machistas en todos los ámbitos de nuestra convivencia.

Pero un aspecto que desde hace tiempo me ha llamado particularmente la atención, es el relativo a la resistencia de ciertos gobernantes a reconocer el grave problema que representa el feminicidio en la sociedad moderna.

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Uno de los componentes de esa grave dolencia social, es que la legislación punitiva impone una serie de rigurosos requisitos para que la muerte de una mujer causada por un varón, se pueda tipificar como feminicidio.

De esa severa exigencia de los códigos penales resulta que no toda muerte de una mujer, aun en el caso de que se produzca de manera por demás violenta, se encuadre dentro de esos rígidos supuestos.

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Y es que en la visión misógina, triunfalista y machista de muchos gobernantes, pareciera que importante sería matizar la numeralia y reducir la estadística desprestigiante, antes que establecer políticas públicas de equidad de género y erradicación de la violencia contra las mujeres.

Esa tendencia burocrática se traduce en las cifras negras de un ominoso subregistro que repercute en el consecuente diferimiento en la solución de esa grave problemática, al grado de que al fin de cada año podemos saber cuántos homicidios se cometieron, pero no cuántos feminicidios se consumaron.

Hace unos meses, Catalina Reyes y Javier Frías publicaron en estas páginas, un amplio reportaje según el cual, el primer semestre de 2016 “[…] ha sido el más violento de esta década, dado que se han registrado 51 homicidios, superando el mismo periodo del 2015, que registró 39 hechos violentos; (y que) suman 373 del 2010 al hasta el 30 de junio de 2016.”

Atenta la misma publicación, “de acuerdo a la Procuraduría General de Justicia del Estado, de los 61 casos de homicidios ocurridos en 2012, tres fueron tipificados como feminicidios. En tanto que en 2013, de los 72, 16 fueron llevados ante jueces bajo esta modalidad.”

Durante 2014, la representación social de Guanajuato consideró que sólo 21 de los 67 asesinatos de mujeres tendrían que ser catalogados como feminicidios, mientras que en el 2015, de los 68 homicidios violentos contra mujeres, sólo 31 de los casos fueron considerados en ese concepto.

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Organizaciones de la sociedad civil como ‘Las Libres’ han realizado estudios muy serios sobre este flagelo, en los que se documenta caso por caso, víctima por víctima de la población estudiada; y se proponen medidas correctivas que debieran tomarse en cuenta.

En ocasiones celebratorias como la que acaba de suceder el pasado miércoles, en lugar de pintar corazones y enviar flores a las mujeres, debiéramos hacer un esfuerzo para reflexionar, aunque sea un poco, sobre estos temas.