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Por la legalidad en el servicio ferroviario

 

rbara Botello

 

El 8 de junio de 2016 presenté una iniciativa para reformar el artículo 46 de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario (LRSF); con gusto puedo informarles que ésta se aprobó el jueves.

El propósito de la iniciativa es obligar a los permisionarios que brindan servicio público de transporte ferroviario a que registren sus tarifas, catálogos y reglas de aplicación ante la Agencia Reguladora del Servicio Ferroviario, como ya lo hacen los concesionarios, para garantizar el principio de legalidad.

Precisamente la Agencia nació al modificarse en enero de 2015 la LRSF, ante reclamos de industriales que denunciaron tarifas muy altas de las empresas de ferrocarriles; está facultada para vigilar y regular la interacción entre concesionarios, permisionarios y usuarios del transporte de carga o pasajeros.

Pero las modificaciones del año pasado requerían un ajuste más.

La Ley establece que los concesionarios y permisionarios fijarán libremente las tarifas, en términos que permitan la prestación de los servicios en condiciones satisfactorias de calidad, eficiencia, competitividad, seguridad y permanencia.

Según el artículo 46, los concesionarios registrarán previamente ante la Agencia, para su puesta en vigor, las tarifas máximas aplicables a la prestación del servicio público de transporte ferroviario y a la prestación de los servicios diversos, atendiendo a las características específicas de cada servicio, debiendo publicarlas en medios electrónicos. Se exceptúan de lo anterior, aquellas tarifas que sean pactadas mutuamente entre concesionarios y usuarios, las cuales deberán estar disponibles en todo momento a petición de la Agencia.

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El mismo artículo dice que para el caso de los servicios diversos, además de las tarifas aplicables a los mismos y cualquier otro cargo, los concesionarios deberán registrar ante la Agencia el catálogo de dichos servicios y cargos, y sus reglas de aplicación, pudiendo la Agencia, en cualquier momento, solicitar información adicional respecto de la determinación de dichas tarifas.

Hasta aquí todo parece bien, puesto que la Ley contempló el derecho para que concesionarios y permisionarios fijaran libremente las tarifas de los servicios que presten; la obligación de los concesionarios a registrar las tarifas ante la Agencia; y el procedimiento que deben llevar los concesionarios para modificar las tarifas ya registradas ante la Agencia.

Para el caso de los servicios diversos también obliga a los concesionarios a registrar el catálogo y reglas de aplicación. Es precisamente aquí donde está la omisión.

El artículo 46 dejó fuera, en lo que respecta a servicios diversos, dejó fuera a los permisionarios y sólo obligó a los concesionarios.

Los servicios diversos son aquellos que pueden ser prestados tanto por el concesionario como los permisionarios de manera complementaria al Servicio Público de Transporte Ferroviario, de entre los cuales se contemplan: almacenaje, demoras, derecho de piso, arrastre dentro de la terminal, renta de equipo tractivo y de grúas, detención en tránsito y limpieza del equipo de arrastre.

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Al estar facultados los permisionarios para prestar servicios a los usuarios y concesionarios del transporte ferroviario, se considera que no hay igualdad en el hecho de que sólo sean los concesionarios los sujetos obligados en registrar las tarifas, catálogos y reglas de aplicación ante la Agencia Reguladora del Servicio Ferroviario.

Con esta iniciativa, lo que pretendo es que se preserve el principio de legalidad en las acciones que realiza la Agencia pues la esencia principal para su creación fue vigilar, prevenir y regular el transporte ferroviario y todos los servicios necesarios para su óptimo funcionamiento.

La iniciativa está ya en manos del Senado para cumplir su proceso legislativo.

¡Nos leemos la próxima semana!