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Pajaritos: explosión de incuria

 

La semana pasada se cumplió un año de la explosión al interior de la planta Petroquímica de Vinilo ubicada en el marco del complejo petroquímico Pajaritos, sin que aterrice aún el resultado de la investigación ‘objetiva, imparcial e integral’ que anunció el gobierno a la vera del estruendo

 

La carencia del peritaje oficial, naturalmente, impide hacer efectivo el reclamo de las pólizas pactadas por la firma con diversas compañías de seguros.

La única instancia oficial que hasta hoy ha levantado la cabeza es la Procuraduría Federal del Medio Ambiente, quien dictaminó la inexistencia de daños al entorno de la zona de Coatzacoalcos, Veracruz.

En el escenario, la planta conocida como ‘Clorados III’ se mantiene paralizada, en medio de un espeso silencio de sus socios, es decir la empresa Mexichem y Petróleos Mexicanos.

La conflagración, como lo recordará usted, provocó la muerte de 13 personas, dejando heridas a 136, en un escenario en que las versiones sobre el epicentro hablaban desde un deficiente mantenimiento hasta la imprudencia de un trabajador.

La alianza Pemex-Mexichem se dio en un marco previo a la reforma energética, alegándose como exposición de motivos una rendija en la Ley Orgánica de Pemex.

En el acta constitutiva de la empresa mixta denominada Petroquímica Mexicana de Vinilo se anotaba una aportación en especie de la entonces empresa paraestatal, es decir activos, por 228 millones de dólares.

La contraparte aportaba a la sociedad, a su vez, 200 millones de dólares en capital y 30 millones de pesos en activos.

Bajo el soporte, la firma propiedad de la familia Del Valle asumiría la operación de la factoría orientada a la producción de cloruro de vinilo.

La planta eje, ‘Clorados III’, que había sido abandonada a su suerte por Pemex, empezó a ser remodelada. Desde una barda perimetral hasta cambio de instalaciones de drenaje químico y pluvial, en paralelo a tanques de enfriamiento, así como equipos mecánicos y de mantenimiento de equipos y talleres.

La inversión, a cargo de Pemex, fue de 200 millones de pesos.

Y aunque hubo protestas del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, se desmanteló la planta laboral. De 2 mil trabajadores sólo se mantuvieron 700, acordando la empresa reubicar a los restantes en una Gerencia de Mantenimiento… que le daría servicio a la planta.

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Es decir, una vez más, Pemex corrió con el gasto. En el camino se acusó a Mexichem de completar la nómina con personal inexperto. Lo curioso del caso es que durante el gobierno foxista, sin mejor explicación al calce, Mexichem había adquirido una planta productora de cloro ubicada justo al lado del complejo Pajaritos.

La factoría estaba bajo control estatal con la razón social Cloro de Tehuantepec, por más que Pemex sólo tenía el 40%.

A partir de entonces el complejo petroquímico de Pemex le compraba cloro a la firma privada para procesarlo con etileno y producir cloruro de vinilo… que se le vendía a la propia Mexichem.

La sociedad, pues, cerraría el círculo para producción conjunta de PVC.

El reclamo de Mexichem, tras la explosión, habla de la pérdida de activos por 282 millones de dólares.

La gran pregunta es si la tardanza para dictaminar las causas de la tragedia obedece a simple negligencia de la Procuraduría General de la Republica, o hay temor de provocar otra explosión, ésta de indignación. Por lo pronto la planta lleva un año parada.

Balance general

Al estilo americano, el gobierno de Chihuahua encabezado por Javier Corral está imponiendo una barrera artificial para impedir el flujo de leche producida en otras entidades federativas. El muro se disfrazó de una inspección y análisis de la inocuidad. El escenario provocó un reclamo airado del Consejo Nacional Agropecuario y la Cámara Nacional de Industriales de la Leche, en paralelo a la Asociación Nacional de Ganaderos Lecheros, quienes acusan a Corral de rehuir a la competencia.

Por lo pronto, miles de litros han sido rechazados tras la inspección realizada a base de un protocolo sanitario estatal distinto al aplicable a nivel federal.

La leche de la discordia, sin embargo, no se comercializaría en el mercado informal sino que se colocaría, previo contrato de suministro, como materia prima para diversas compañías quienes, naturalmente, tienen los filtros requeridos para garantizar la inocuidad.

Prueba de fuego

Ratificada al cuarto para las 12 del cierre del periodo ordinario por el Senado para mantenerse cuatro años más como presidenta de la Comisión Federal de Competencia Económica, la prueba de fuego para Alejandra Palacios y vocales que la acompañan llegará en los próximos días.

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La instancia deberá desahogar tres asuntos candentes: el supuesto engaño al pedirle autorización para una concentración entre un fondo de inversión y la empresa distribuidora de medicinas Marzam, ocultándose que el presunto comprador del 50% del capital había sido una firma del ramo, Nacional de Drogas.

En otro caso, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro denunció una supuesta colusión de cuatro administradoras de fondos para el retiro para repartirse vía maniobras oscuras más de un millón de cuentas cuyos titulares decidieron cambiar de intermediaria.

El tercer toro de la tarde lo constituye otra supuesta colusión, ésta entre agentes que intermedian la colocación al público de instrumentos de deuda emitidos por el gobierno.

El escenario coloca en la mira a bancos y casas de bolsa. Naturalmente, la expectativa no apunta sólo a si le pegan al gordo, sino a una explicación coherente en caso de no encontrarse sustancia.

Yo no fui

De acuerdo a la Comisión Federal para Prevenir Riesgos Sanitarios (Cofepris), el caso de los certificados sanitarios expedidos para comercializar una cuna térmica incubadora producida por la firma japonesa Atom Medical Corporation, deriva de acuerdos entre particulares.

Como le comentábamos hace unos días la firma nipona decidió reincidir el contrato a su representante en México, Tecnología en Medicina, a quien se le había otorgado un primer registro del producto. El asunto se dirime en los tribunales japoneses.

Ahora que el 18 de abril pasado en tiempo record de una semana se modificó el registro para anotar ahora como intermediario en el país a la firma Viasis… pero manteniendo a Tecnología en Medicina.

El caso es que ante el reclamo de ésta se modificó una vez más el registro, dejándola sola como distribuidor.

El hecho es que Viasis recibió un registro sanitario para un producto similar producido por la compañía japonesa en otro tiempo record, ahora sólo a su favor, justificándose la velocidad por los acuerdos de equivalencia pactados con Japón.

De acuerdo a Cofepris, Tecnología en Medicina perdió el registro al no refrendarlo en tiempo y forma.