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SAT en el callejón

Aunque el golpe ni siquiera alcanza perfil de cachetada, el juez octavo de Distrito en Materia Administrativa; Fernando Silva García, le impuso al Servicio de Administración Tributaria una multa de 8 mil pesos en el marco de una larga batalla por la transparencia

La manzana de la discordia es la exigencia de revelar montos y beneficiarios en la que se calcula una larga, larga, lista de favorecidos por condonaciones fiscales entre el 2007 y el 2015. Solamente en el lapso comprendido entre el primer día de 2014 a febrero de 2017 se contabilizan 6 mil 755 condonaciones de multas y recargos.

Éstas apuntan a firmas que el propio SAT exhibió a título de “listas negras, bajo el estigma de morosos, incumplidos o descuidados”.

En la lista se ubica a América Móvil, Volkswagen Corporation y Casas Geo. Esta última habría sido beneficiada con 2 mil 714 millones de pesos.

Se menciona, además, a una de las filiales de la promotora de vivienda, Geo Hogares, con un borrón de 62 millones y Geo Baja California, con 58 millones.

En el caso de la firma estelar del magnate Carlos Slim, el beneficio habría sido de 57 millones 208 mil pesos, y en el de la armadora alemana de 56 millones 147 mil.

Se habla también de que la amnistía habría favorecido al empresario siderúrgico Guillermo Waisburd Kretinger con 93 millones 602 mil pesos, en el marco de las facilidades para repatriación de capitales.

La lógica es simple: Si el SAT, reticente durante años a contravenir la pureza del secreto tributario, se atrevió a colocar en el pizarrón nombres de deudores, debería dar a conocer a la opinión pública la película completa.

Ahora que las condonaciones podrían ser parte de una estrategia en época de vacas flacas de apuntar a la máxima de lo perdido-lo-que-aparezca; sin embargo, hay centenares de casos ajenos a campañas de recuperación.

La exposición de motivos del juez que impuso la sanción pecuniaria simbólica es que el SAT desacató un amparo en atentado contra el derecho a la información y el derecho a la justicia.

La batalla legal la había emprendido el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información bajo el alegato de que los datos son de interés público.

Hasta entonces la presunción apuntaba a un monto de 200 mil millones de pesos en condonaciones.

Este se inició en el 2014, alcanzándose en el lapso 20 resoluciones favorables, todas ellas impugnadas por la contraparte.

La razón esgrimida por el SAT es que se trata de información clasificada como reservada y protegida por el secreto fiscal.

Revelarla, pues, a su juicio, trastocaría los derechos de los contribuyentes.

En el camino al menos 60 empresas en opción de ser ‘balconeadas’ han recurrido a solicitar amparo.

Sin embargo, estos sólo protegen a los promotores, es decir no anulan la exigencia de transparencia en su conjunto.

El amparo que originó la multa lo habían logrado dos organizaciones: Artículo 19 y Animal Político.

En la resolución el togado que aplicó la sanción exhorta al titular del Servicio de Administración Tributaria, Osvaldo Santín, a verificar que no se obstruya el cumplimiento del amparo.

Lo inaudito del caso es que a bote-pronto la instancia argumentó que necesitaba tiempo para recopilar la información, para luego alegar que ésta era imposible de conseguirse.

El SAT en el callejón.

Balance general

Uno de los ejes de la pesquisa contra el exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borge, pasa por la bonanza de una firma naviera de traslado de pasajeros de Playa del Carmen a Cozumel de razón social Impulsora Marítima de Quintana Roo y el Caribe, pero conocida sólo como Barcos Caribe. Ésta se creó desde finales del sexenio anterior al del exgobernador en el banquillo, es decir bajo el gobierno del hoy senador Félix González Canto.

En la sociedad original participaba un tío de éste, Franco González, además del abogado del también exgobernador, Roberto Borge Angulo, César González Hermosillo, en paralelo a la que fuera asistente personal de éste, Lourdes Pinelo Nieto.

La firma empezó a operar oficialmente en diciembre del 2014, tras recibir el visto bueno de la Dirección de Marina Mercante no sólo para el traslado de pasajeros a Cozumel, sino a diversas zonas en la zona del Caribe mexicano. El arranque llegó con dos embarcaciones tipo catamarán, cuyo costo ascendió a 4 millones 900 mil dólares.

Durante el gobierno de Borge el Congreso local le concedió a la firma una licencia para instalar un módulo de atención al público por 15 años… que luego se extendería a 50.

Tecnoradio sí o no

Las señales indican que del plato a la boca podría caérsele la sopa a la empresa Tecnoradio, es decir que pese a sus ofertas cuantiosas y a sus supuestos planes de multiplicar su inversión en infraestructura, no se le darán las concesiones. La exposición de motivos habla de la sospecha de que tras la firma está un empresario de la radio que utilizaría prestanombres para obtener 15% de rebaja como nuevo entrante.

El problema es que la reversa le pegaría de lleno a la credibilidad del Instituto Federal de Telecomunicaciones al desnudarse que no fue capaz de identificar en la fase previa la identidad de una empresa que recibiría una licencia para operar una concesión de delicado uso público.

Convenio 189

Prometido hace cuatro años por el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chongo, hasta hoy el Senado no ha recibido la propuesta para formalizar la aceptación de México al Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo.

Este apunta a reconocer los derechos en materia de protección social de las trabajadoras del hogar, es decir salario digno, jornada laboral de ocho horas y en su caso pago de extras; aguinaldo, vacaciones pagadas y, desde luego, acceso a la seguridad, servicios de salud y pensión digna. La reticencia del gobierno afecta a 2.4 millones de personas, en un escenario en que nueve de cada 10 trabajadores del hogar son mujeres.

Más cantinas que escuelas

En las paradojas de la vida, pese a que Yucatán está catalogada como la entidad federativa más segura del país, hete aquí que tiene mayor número de expendios de cerveza que escuelas. Estamos hablando de 7 mil 402 lugares de consumo y 3 mil 77 planteles.

La expedición de licencias crece a un ritmo de 5% anual. En la ruta, se llegó a plantear una iniciativa para anular las reglas que obligan a guardar una distancia entre los expendios de alcohol y los centros comerciales, además de los gimnasios y canchas deportivas.

Por fortuna la bala pasó rozando.